El Alto Tribunal andaluz falla a favor del primero de los tres funcionarios que demandaron al Ayuntamiento por las designaciones irregulares realizadas por el gobierno de Pelayo para ocho direcciones de servicio. El equipo popular gastó más de 6.000 euros en un bufete externo para la defensa jurídica. La sentencia condena a costas y ya no admite más recursos
Nuevo varapalo judicial para el gobierno municipal del PP por sus decisiones arbitrarias en materia de personal. La sala de lo Contencioso de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha notificado este pasado martes una sentencia, a la que ha tenido acceso La Voz del Sur Jerez y contra la que no cabe recurso, en la que falla que no ha lugar al recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento contra la sentencia dictada el pasado 14 de noviembre por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Jerez, por lo que el Alto Tribunal andaluz ratifica que los nombramientos a dedo para ocupar las direcciones de servicio que decidió el gobierno de María José García-Pelayo vulneran los derechos fundamentales. El TSJA además condena al Ayuntamiento a las costas procesales.
Esta primera sentencia atañe a uno de los tres funcionarios municipales, afiliados a la ATMJ, que presentaron demanda de protección de derechos fundamentales contra el procedimiento de libre designación llevado a cabo por el equipo de gobierno popular para el nombramiento de los directores de servicio (el nivel más alto de la estructura municipal) al considerar que vulneraban el derecho fundamental consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución. No en vano, dichos nombramientos se llevaron a cabo sin cumplir con el principio constitucional de igualdad de trato y de objetividad. Representados por el letrado Juan Pablo Morales Fernández, esta primera sentencia vendrá seguida de las referidas a los otros dos denunciantes, para los que ya se prevé, han adelantado fuentes consultadas por este medio, que "sus respectivos fallos sean muy similares ya que las demandas son idénticas". Dichos nombramientos a dedo de cargos directivos del Ayuntamiento, ocho en total, se produjeron en el mes de febrero del año pasado y los seleccionados fueron laborales en lugar de funcionarios.
Hay que recordar que el gobierno local del PP ha gastado más de 6.000 euros de dinero público para costear la defensa jurídica de este asunto, contratando para este fin al bufete Sagardoy. Otro gasto inútil, a la vista de este nuevo revés judicial, para las arcas municipales que se suma al derroche que está ocasionando la errática política de personal que está aplicando el equipo de Pelayo en el Ayuntamiento en lo que va de mandato. En cuanto al nuevo fallo judicial, ya la ATMJ se pronunció acerca de la sentencia en primera instancia asegurando que se hacía patente la "nefasta" gestión de personal llevada a cabo por el gobierno local que encabeza la alcaldesa, María José García Pelayo, a la que recuerdan que "ya tuvo una sentencia, la del ERE, que lo calificaba de absoluta arbitrariedad y ahora está de lesión de derechos fundamentales. Algo insólito entre una administración pública y sus propios trabajadores".
El TSJA aclara en la sentencia que la regla general es que los puestos de las administraciones públicas sean ocupados por funcionarios y la excepción es que lo sean por personal laboral. “No es posible, por tanto, la equiparación y homologación pretendida por el Ayuntamiento para permitir que un mismo puesto pueda ser desempeñado indistintamente por funcionario público o por personal laboral, al deber corresponder en atención de las funciones que desempeñe a una categoría u otra”, mantiene el fallo judicial, llegando incluso a recordar que ya se pronunció de forma similar en una sentencia de febrero pasado respecto de la legalidad de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento promovida por el gobierno del PP. Resulta cuando menos curioso que el gobierno de Pelayo hace pocos días tuviera intención de funcionarizar a empleados laborales fijos, cerrando las puertas de acceso a los laborales indefinidos y al resto de ciudadanos, cuando aparta de la gestión a los funcionarios que hay y que en su día tuvieron que aprobar una oposición libre. Ha tenido que ser la Justicia la que, una vez más, recrimine la gestión de personal que se está llevando a cabo por parte del equipo popular al frente del Consistorio.
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