El PP también recurrió a casi 4 millones del Plan E para pagar nóminas en La Línea

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El ex alcalde linense Juan Carlos Juárez desvió fondos finalistas para gasto corriente. El Ayuntamiento del municipio campogibraltareño solo tiene un expediente de reintegro porque ni PSOE, que dio el relevo en el gobierno local, ni Fiscalía le denunciaron por este caso. El juicio contra Pilar Sánchez por una causa idéntica se suspende hasta el martes 17 tras aumentar el Ministerio Fiscal la petición de penas contra la exregidora socialista.

Juan Carlos Juárez. pepecontreras.blogspot.com

"Pilar Sánchez le hizo a Pelayo un gran favor porque imagínate cómo habría sido el desembarco de ésta en Alcaldía de haberse topado con seis nóminas impagadas y la plantilla en pie de guerra. El último pago llegó a hacerlo incluso habiendo perdido las elecciones porque no quiso dejar a 3.000 familias sin el sueldo". Quien así habla es un funcionario del Ayuntamiento que prefiere guardar el anonimato pero que conoce de cerca aquella etapa. La desesperación de los alcaldes ante la abrumadora caída de ingresos (especialmente por el crack del ladrillo) motivó que el concepto 'caja única' se elevara a la máxima potencia. Y esto incluía destinar cualquier fondo que llegara a pagar gasto corriente, especialmente nóminas de trabajadores y aunque su finalidad, en principio, fuese bien diferente. La práctica no fue ni mucho menos exclusiva del Ayuntamiento de Jerez aunque es a su exalcaldesa a la que se le juzga estos días tras una denuncia impulsada por su sucesora en el cargo, la popular María José García-Pelayo.

Sin salir de la provincia, en La Línea, el ex alcalde del PP Juan Carlos Juárez también provocó en 2009 varios desfases de tesorería para cubrir el pago de nóminas a su plantilla. En este caso, el regidor popular utilizó también fondos del conocido como Plan E (3,9 millones) e incluso llegó a desviar partidas transferidas por la Junta para los dependientes con las que reponer el mencionado desfase. Sin embargo, ha podido saber La Voz del Sur Jerez, en este caso solo consta un expediente de reintegro de los fondos abierto por el Ministerio competente en el Fondo Estatal de Inversión Local o Plan E. En este caso, ni el PSOE, que le dio el relevo en el gobierno municipal, ni el Ministerio Fiscal le denunciaron por estos hechos.

El juicio contra Pilar Sánchez por una causa idéntica a la anterior, que arrancó el pasado lunes y que ha quedado hoy aplazado hasta el próximo martes 17 a petición de su letrado, tenía previsto sufrir hoy un "giro definitivo" tras las declaraciones providenciales de ayer del interventor y secretario municipal, que aseguraron no solo que los fondos se usaron de "forma puntual" sino que además estaba previsto "reponerlos". En cambio, la fiscalía se ha descolgado aumentando la petición de penas contra la socialista al añadir un presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con el de fraude en subvenciones que ya se le imputaba y por el que pedía tres años de cárcel.

Así las cosas, el juicio no queda este miércoles visto para sentencia como estaba previsto, al añadir la Fiscalía este nuevo delito. De esta manera, eleva su petición de pena a tres años de cárcel, 12 años de inhabilitación especial para cargo público -nueve por prevaricación y tres por fraude de subvenciones- y una multa de 8,6 millones de euros. La cuantía de la multa coincide con la cantidad que supuestamente habría desviado del Plan E cuando estaba al frente del Ayuntamiento para destinarlo al pago de la nómina de la plantilla municipal y las concesionarias, es decir a fines distintos de aquellos para los que fueron concedidos.

Pelayo, que impulsó la denuncia en verano pasado, aseguró en su momento que "estas operaciones coinciden con una etapa en la que el Ayuntamiento arrastraba una difícil situación económica, sin que se aplicaran los planes de saneamiento aprobados para poner orden en las cuentas públicas". Curiosa, cuando menos, manifestación de la dirigente de un partido que se vio abocado en los ayuntamientos en los que gobernaba a emplear prácticas similares para salir del atasco y que, en su caso, ha despedido a 260 trabajadores municipales de manera ilegal y absolutamente arbitraria, según el TSJA. Un fallo judicial que está pendiente de revisión en el Supremo el próximo miércoles. 

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