Un nuevo informe jurídico señala que los acuerdos transaccionales podrían incurrir en “delitos de prevaricación, malversación y nombramiento ilegal".
El famoso informe jurídico que estaba esperando el Ayuntamiento y del que la alcaldesa ya habló esta semana —sin que nadie de la oposición supiera nada al respecto— revela que los acuerdos transaccionales con los afectados por el ERE pueden incurrir en “delitos de prevaricación, malversación y nombramiento ilegal”. El gobierno señala que solicitó un informe jurídico para resolver las dudas planteadas por el PP sobre la viabilidad legal de las transaccionales. El documento concluye que estos acuerdos podrían no garantizar la salvaguarda del interés público, algo que, se insiste, debería certificar un secretario del Ayuntamiento antes de llevarlo a pleno, señalan desde el gabinete de prensa municipal.
El gobierno local, con el apoyo de todos los miembros del ejecutivo socialista, pidió un nuevo informe al gabinete Manuel Hortas Abogados. “Este informe, emitido para el asesoramiento de los miembros de este grupo político fue solicitado, por tanto, para conocer si la formalización de los acuerdos transaccionales pudiera conllevar o no posibles riesgos de incurrir en algún delito”, señalan desde el Ayuntamiento.
Este último documento recoge que “la transacción con los trabajadores, una vez que el Ayuntamiento acordó́ su despido y ya optó por la no readmisión en el trámite judicial, constituye un acto contrario a lo resuelto, y en este caso debiera existir una firme fundamentación tanto de hechos como de Derecho que impusiese la necesidad de actuar de forma contraria a lo ya acordado, como circunstancias sobrevenidas que determinarían grave perjuicio a la causa pública”.
"La existencia de un expediente de regulación —continúa el informe— aprobado y resuelto favorablemente, con sentencia definitiva, y la ejecución de este expediente por el Ayuntamiento mediante los correspondientes despidos constituye una actuación administrativa firme. El hecho de que el Ayuntamiento haya optado, en la vía judicial, por indemnizar y no readmitir a cada uno de los trabajadores, parece impedir que pueda actuar de otra forma y acordar la readmisión".
“En el caso de transigir y acordar la readmisión de esos trabajadores, esa decisión podría llegar a ser considerada carente de fundamento legal y solo sustentada en el cumplimiento de determinadas promesas electorales o acuerdos políticos ajenos a la gestión municipal. En ese sentido sería una resolución infundada y, por ello, arbitraria y susceptible de constituir delito de prevaricación”, remata el documento encargado a Manuel Hortas Abogados.
El Ayuntamiento recuerda que el PP, al final de su mandato, optó por indemnizar a estos trabajadores en sede judicial, lo que impide, asegura, que ahora se pueda “actuar de otra forma y acordar la readmisión”. Con las transaccionales con los afectados, según este gabinete, se puede incurrir en sendos delitos de prevaricación administrativa , malversación y nombramiento ilegal. El gobierno local expresa que este documento no podrá formar parte del expediente administrativo por ser un informe de asesoría particular de los concejales del grupo municipal Socialista.
“El gobierno vuelve a insistir en su solidaridad y comprensión con la situación de los trabajadores y trabajadoras afectados por el ERE municipal del PP, e incide que ha hecho todo lo posible durante casi un año y medio de trabajo para conseguir instruir un expediente administrativo que, conforme a la ley, permitiera una reincorporación de dichos trabajadores y trabajadoras a la plantilla del Ayuntamiento”, señala en una nota de prensa. Por eso, a tenor de lo que aportan estos informes, aseguran que no dará “un paso en falso que pudiera poner el peligro el interés general, objetivo básico de quien ejerce la función pública”.
Como ya hizo la alcaldesa, el gobierno local ofrece a Ganemos, IU y Ciudadanos que firmen ellos la readmisión de los trabajadores, eso sí, ahora asegura que “no recomienda que lo hagan”. “Si todavía están convencidos de que se puede proceder a la reincorporación conforme a ley, se reitera la disposición a que cuatro miembros de estos grupos políticos se incorporen al gobierno y aprueben dicha reincorporación en una junta de gobierno local, si es que consideran que se puede hacer así de esta forma”.
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