Cinco meses antes de extinguirse el ente, su responsable firmó un alquiler de 8.000 euros mensuales durante 15 años con una empresa de la ciudad.
La Junta de Andalucía pasó en apenas dos años y medio de sentir "bochorno" por la gestión seguida en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) a defender a este organismo pese a sus "deficiencias administrativas". Esta semana, El Mundo ha dado a conocer el contenido de parte de la auditoría —solo se han entregado a la oposición 56 de sus 220 folios— encargada por el consejero de Economía, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado. ¿La principal conclusión? La extinta fundación, que investigan los tribunales después de dejar un agujero en las cuentas públicas de casi 49 millones, fue durante los ocho años en los que funcionó y hasta su liquidación por el Gobierno de Susana Díaz "una agencia de colocación para parientes y destacados miembros del PSOE".
Según la portavoz de Empleo del PP-A, Teresa Ruiz Sillero, solo en dos años y medio (entre 2009 y 2011), hay 8.844 contratos irregulares. El 60% de los mismos se hizo sin publicidad y, como ha desgranado la parlamentaria andaluza, "los auditores concluyen que el enchufismo era una práctica más que habitual en el seno de la Faffe". Más concretamente, entre los técnicos territoriales de selección, que contrataban de forma discrecional y sin tener en cuenta los principios de publicidad, objetividad, igualdad, mérito, capacidad y no discriminación. En el mismo año en el que empeoró sobremanera la ratio de solvencia financiera de la Faffe su gasto en personal creció en 3,3 millones, superando el 60% del presupuesto total del organismo público dependiente de la Junta.
Pero la Faffe no solo fue un coladero para el enchufismo, Ruiz Sillero, que ha exigido la entrega de la auditoría completa, también ha denunciado que se hicieron cinco contratos distintos a Umax —una empresa involucrada en el escándalo de los ERE— para asistencia técnica por un importe total de 535.748 euros. El diputado de Podemos Jesús Romero también lleva tiempo denuncia la "opacidad" en las empresas públicas andaluzas, al tiempo que ha lamentado que se siga sin contar con el informe íntegro de la auditoría. En el caso de Jerez, la Faffe, que dirigía el socialista Fernando Villén Rueda, comprometió 1,4 millones de euros en un contrato de alquiler blindado de 15 años de duración con una empresa de la ciudad cuando apenas faltaban cinco meses para la disolución del propio ente.
El 11 de febrero de 2010, Fernando Villén, director general de la Faffe durante los ocho años de vida de la fundación, firmaba el referido contrato de arrendimiento con una empresa jerezana propietaria de tres naves industriales en las que había ocho aulas y una oficina, además de servicios y zonas comunes, con una superficie total de 1.253,15 metros cuadrados. A cambio, la fundación se comprometía a abonar un alquiler mensual de 8.000 euros y, en caso de desestimiento, debería abonar todas las mensualidades comprometidas durante quince años. La propia Junta no se aprovechaba de la Ley de Arrendamientos Urbanos, mucho más ventajosa para las arcas públicas y que estipula una indemnización de una mensualidad por año que reste para la finalización del contrato.
Por si fuera poco, en abril de 2014, el sindicato CSIF denunció ante Fiscalía que solo en Jerez hubiese cerca de una veintena de contratados por la extinta Faffe sin ejercer ya funciones para las que fueron contratados. En la provincia, el número de estos empleados 'en tierra de nadie' ascendía a unos 50 trabajadores, y en el conjunto de Andalucía se contabilizaban casi 1.140 'exFaffe' —como se les dio en llamar—. El coste total de esta nómina ascendía a 24,5 millones de euros al año, según la central sindical.
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