“Esa noche no se durmió”, dice uno de los vecinos del número 16 de la calle Recta de El Puerto, un inmueble sobre el que pesaba una orden de desalojo prevista para el pasado 13 de septiembre, que finalmente, in extremis, no se produjo. Por eso los vecinos sacaron a la calle los pocos muebles que han acumulado durante los años que llevan viviendo en estas casas, que cargaron en un camión en el que montaron sus sofás, televisores, sillas, mesas… “Todavía tengo en la planta baja la mitad de mis cosas”, dice Óscar, uno de los vecinos, que cuenta que lleva cinco años en paro, “haciendo cuatro chapuces que salen”.
“Fue mucha la impotencia que vivimos”, recuerda Óscar, quien señala que estaban todos los vecinos “llorando”, viendo que tenían que desalojar las viviendas en las que llevan entre dos y cuatro años, según el caso. Él, con su mujer y sus hijos, lleva dos. “Era albañil y gruista”, dice, pero con la llegada de la crisis empezó a escasear el trabajo. Su mujer, Badía, limpia algunas casas, “a tres euros la hora, pero he llegado a cobrar dos euros”, cuenta. “Así no hay quien alquile nada”, añade. Antes estaban en una vivienda de alquiler: les costaba 350 euros y ella cobraba 450 euros por su trabajo. “Imposible”, remata.
Los inquilinos del número 16 de la calle Recta, un total de nueve familias con más de una quincena de niños pequeños, consiguieron que se alargara el proceso y retrasaron la fecha del desalojo, logrando un mes de prórroga, como si de un partido de fútbol se tratara. El tiempo corre y, de momento, se puede adivinar que el resultado del partido no les será favorable. En la planta baja del edificio aun quedan carteles del banco al que perteneció el inmueble, aunque ahora es de la Sareb, el conocido como banco malo, que les reclama su salida inmediata a través de una gestoría, la única forma de contacto que tienen con la propiedad de las viviendas, que se niega a proporcionarles un alquiler social.
Vanesa lleva casi cuatro años en el inmueble, donde cuida de tres niños. Hace unos días que ha empezado a trabajar, después de unos cinco años sin hacerlo, en una tienda en la que echa unas 15 horas diarias, “todo para comer pan duro”, señala. Cuando cumpla el primer mes cobrará algo menos de 700 euros. “Todos los alquileres que encuentro son de unos 400 euros, más luz, más agua, comida…”, dice, resaltando las dificultades que tiene para encontrar un alojamiento. Por eso decidió ocupar una de las viviendas de calle Recta. Mejor eso que estar en la barriada de la que proviene. “Aquí hay mejor ambiente para los niños”, comenta.
Los vecinos del 16 de la calle Recta, posando para lavozdelsur.es. FOTO: MANU GARCÍA
Julián es otro de los vecinos. Ahora está trabajando gracias a los planes de empleo de la Junta de Andalucía, pero pronto se le acabará el contrato, "y volveré a estar igual", dice. A sus 25 años, todavía no ha podido permitirse pagar un alquiler. Antes había sido mozo de almacén, pero luego estuvo casi cuatro años en paro. Con dos hijos, de seis años y cinco meses, respectivamente, asegura que no puede quedarse en la calle, sin un lugar donde meter también sus muebles: "Un sofá, una cama, la nevera, la lavadora...", enumera.
Como él está Mónica, otra joven que lleva dos años y medio en una de las viviendas de la Sareb con su pareja y sus dos hijos, de tres y un año. "Me enteré de que estaba vacío y entré, pero con mucho miedo, porque no sabía qué me iba a pasar, era la primera vez que ocupaba una casa", relata. "Somos familias humildes que intentamos mejorar nuestra vida", resume Óscar, quien señala que si los terminan desalojando, "nos obligarán a ocupar otra vivienda, porque no podemos permitirnos pagar una".
Él no para de buscar alquileres, "pero piden 350 euros como mínimo y cuando dices que no tienes nómina no te hacen contrato", señala. En una ocasión consiguió que los servicios sociales le costearan las primeras mensualidades, "pero eso es un parche, no una solución, porque al tercer mes ya no me lo podía permitir", dice Óscar. De hecho, el precio de las viviendas en alquiler ha aumentado un 3,1% en el último año en El Puerto, según datos de un informe realizado por Idealista, que recoge que en zonas como el centro de la ciudad se ha incrementado hasta un 9%.
Los vecinos, contando sus historias a lavozdelsur.es. FOTO: MANU GARCÍA
El edificio de calle Recta pertenece a la Sareb, el banco malo, que lleva desde 2017 reclamando judicialmente el desalojo de estas familias, hasta que se marcó la fecha del 13 de septiembre. "No hay contacto con la propiedad del inmueble", dice Lorena Prieto, abogada de la Oficina de Intermediación sobre Desahucios (OID), que ayuda a los inquilinos. "Les han pedido documentación a las familias para elaborar informes sociales pero no son favorables para ningún tipo de alquiler, porque no tienen trabajo", cuenta a lavozdelsur.es. La OID supo del desalojo el miércoles, apenas 48 horas antes de la fecha fijada, por lo que tuvo poco margen de actuación.
El inmueble tiene tres plantas, doce viviendas y nueve años de antigüedad, según datos de la Dirección General de Catastro, aunque los vecinos aseguran que está deshabitado desde 2007 aproximadamente, cuando la promotora encargada de las obras lo dejó sin rematar. "Nos engañaron diciéndonos que nos iban a dar un alquiler social", comentan algunos vecinos, que incluso están empadronados en las viviendas.
El ruido mediático, la intermediación política —al desalojo acudieron desde la concejala de Servicios Sociales de El Puerto, María del Carmen Lara, hasta el diputado andaluz de Adelante Andalucía, José Ignacio García— y la labor de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca consiguieron un aplazamiento del desalojo de las familias, que se comprometieron a abandonar las viviendas el próximo 14 de octubre, una fecha que tienen marcada en rojo en el calendario.
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