Cuartillos, pedanía de Jerez con unos 350 habitantes, vive desde hace décadas una situación urbanística irregular. La mayor parte de sus viviendas surgieron en suelo rústico, sin licencias, sin servicios básicos y al margen de la normativa, dejando tras de sí una comunidad consolidada pero desprovista de infraestructura esencial, como agua, luz, saneamiento o caminos accesibles. Con el tiempo, estas carencias han derivado en un problema urgente que requiere planificación y regularización.
El Plan de Ordenación Urbanística (POU) de Cuartillos, cuyo avance está en trámite, busca reconocer este asentamiento consolidado y ofrecer una hoja de ruta para dotar a la zona de servicios, seguridad jurídica y calidad urbana. Se trata de una apuesta por integrar a los vecinos en la planificación de su núcleo rural, tras décadas en los que la improvisación y la autoconstrucción marcaron el desarrollo del área.
La historia de Cuartillos se remonta a un asentamiento rural en la denominada Venta de Cuartillos, ubicado en la Cañada Real de Albadalejo y Cuartillos. Los primeros chozos de paja fueron reemplazados con el paso de los años por construcciones de ladrillo, muchas sin licencia ni registro oficial. Y siguen viéndose algunas parcelas que se venden y se cierran sin que ninguna administración ponga pie en pared.
Según las denuncias de particulares, hace unos ocho meses comenzaron a instalarse vallados que fragmentaban el terreno en nueve parcelas de gran tamaño, en una actuación que apuntaba claramente a una ocupación irregular de suelo público. La situación fue comunicada a distintas administraciones con competencias en la materia, entre ellas el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía a través de sus áreas de Urbanismo y Patrimonio, y los servicios de inspección correspondientes. Pese a estas advertencias, no se produjo ninguna intervención efectiva y el proceso se desarrolló sin oposición visible.
Lejos de revertirse, la situación ha ido a más. Al menos dos de esas parcelas ya habrían sido vendidas y presentan cerramientos, con muros de bloques y puertas metálicas de gran formato. En una de ellas incluso se ha detectado el acopio de materiales de construcción, lo que refuerza la sospecha de una edificación inminente. Los hechos reflejan una aparente normalización de la venta de parcelas ilegales y una sensación de impunidad ante la pasividad de las administraciones y organismos responsables de velar por la protección del suelo público.
La portavoz del Grupo Municipal La Confluencia, Violeta Márquez, ha reclamado transparencia al gobierno local. En un escrito dirigido la semana pasada a las delegaciones de Medio Rural y Urbanismo, solicita información sobre el estado actual del POU, recordando que ni los vecinos ni la Junta Vecinal han recibido noticias sobre posibles avances ni sobre el convenio entre Ayuntamiento y Junta. "Los vecinos de Cuartillos esperan regularizar sus viviendas y necesitan certezas, no retrasos burocráticos", enfatiza Márquez.
José Barriga, coordinador de la Junta Vecinal de Cuartillos (IU), explica a lavozdelsur.es que la situación del POU sigue estancada. “El plan es un convenio que tiene que hacer la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Jerez. Pese a que el Ayuntamiento ha realizado el deslinde y los trámites técnicos, la pelota sigue en el tejado de la Junta, que debe enajenar los terrenos y permitir su regularización".
El retraso afecta a la compraventa y legalización de parcelas. Barriga aclara: “Ahora mismo ni se puede comprar ni se puede vender, y realmente no se puede hacer nada legalmente. Hay viviendas dentro de toda la legalización, que pagamos nuestros acuerdos de la época de Pacheco, como el IBI. Estamos reconocidos, pero las parcelas nuevas no tienen posibilidad de regularización hasta que la Junta no actúe".
La falta de alternativas ha llevado a que la autoconstrucción sea la norma, más que la excepción. "Nos arriesgamos a hacer nuestras propias viviendas, que no es un riesgo por gusto, sino por necesidad. La gente joven necesita tener un sitio donde vivir, y con la situación económica actual es muy difícil", afirma Barriga. El coordinador insiste en que se trata de un problema social y no especulativo: "Aquí nadie se lo hace para alquilarla ni para especular. Se hace una vivienda para vivir, porque no tiene otro sitio".
A la espera de un convenio
El ámbito del POU se centra en la zona este del núcleo, clasificada actualmente como suelo urbano no consolidado, con propiedad mayoritaria de la Junta de Andalucía. Una vez aprobado el avance, se espera elaborar un convenio que detalle aspectos específicos de ejecución y regularización. El objetivo es transformar una zona históricamente irregular en un espacio legalizado y dotado de servicios, preservando la función social de las viviendas existentes.
La paralización del POU deja a Cuartillos en un limbo jurídico que condiciona la vida cotidiana de sus habitantes. Muchos vecinos pagan impuestos como el IBI por sus parcelas y viviendas, mientras que las nuevas construcciones siguen sin posibilidad de legalización. La comunidad reclama agilidad y claridad, mientras que desde otros frentes se critica que disfruten de impunidad para hacer y deshacer sin ninguna penalización.
