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Semana clave en la pieza separada ‘Ayuntamiento de Jerez’, una de las cuatro separatas en las que el juez Ruz –ya exinstructor del llamado caso Gürtel- ha troceado la mayor trama de corrupción político-empresarial en España. Pendientes de las declaraciones ante el juez José de la Mata de los primeros siete imputados por su vinculación con las presuntas adjudicaciones irregulares por parte del Instituto de Promoción de la Ciudad (IPDC), antiguo organismo autónomo municipal presidido entonces por María José García-Pelayo, a empresas de la red de Francisco Correa, convendría hacer algo de memoria de lo que ha dado de sí un asunto que ya trajo cola en enero de 2004.

Fue entonces cuando el ‘ala PP’ del pacto de gobierno local de aquella época designó a Isidro Cuberos como responsable de la presencia de Jerez –así llegó a firmar una tribuna libre en la prensa local- en Fitur ese año. Aquello no gustó nada a la oposición, pero especialmente al socio andalucista, encarnado en el exalcalde Pedro Pacheco, ahora en prisión por dos contratos ilegales firmados un año después. La frágil memoria política no recuerda ya que el caso Fitur 2004 fue la primera guerra abierta entre los socios de gobierno medio año después de rubricar el pacto que convirtió a Pelayo en alcaldesa pese a haber sido la tercera fuerza política con más votos, por detrás del PSA y del PSOE de Pilar Sánchez, que ganó aquellas elecciones municipales.

Pelayo, marzo de 2014: “Aquí no hay ninguna película en la que ni yo ni nadie del Ayuntamiento seamos protagonistas”

El 22 de enero de 2004, Diario de Jerez titulaba ‘Crisis entre PSA y PP por la planificación de Fitur”. “Desde el gobierno municipal (sector andalucista) se deja caer que Cuberos diseñó la campaña de Pelayo en las pasadas elecciones municipales (2003)”, escribían los periodistas Carlos Piedras y David Fernández en una información en la que también se aseguraba por parte del socio andalucista que el coste superaría los 300.000 euros frente a los 100.000 euros que el PP sostenía que iba a costar la renovada presencia jerezana en la feria de turismo madrileña.

Ante la inusitada filantropía de los impulsores de la expedición jerezana a Ifema, pues el PP llegó a mantener que el ex jefe de prensa de Arenas ofrecía su trabajo desinteresadamente, el propio Pedro Pacheco llegaba a sostener, con su habitual retranca, “os ha extrañado (a los periodistas) que haya una consultora que trabaje gratis en este mundo materialista, pero ya veis que es posible”. Como da por probado Ruz, Cuberos finalmente percibió más de 53.000 euros por su papel de conseguidor de unas contrataciones en las que su papel teóricamente pasaba por, según se publica el 24 de enero por este periódico local, la supervisión del montaje y acabado del stand y todas las labores de comunicación. Es llamativo, a todo esto, que en las anotaciones de las reuniones preparatorias entre el intermediario y el Ayuntamiento, abordadas en sus conclusiones por los peritos judiciales, quede anotada una distribución de gastos diversos y que el último concepto sea “el resto” para Cuberos.

La entonces portavoz del PSA, Antonia Asencio, aseguraba ante los medios un 23 de enero de 2004: “Yo personalmente no conocía ese contrato; no sé si alguien del PSA estaba al corriente. Valoraremos en su momento si la proyección de Jerez en Fitur es buena o no”. Además del desproporcionado stand en Ifema, el IPDC también costeó la organización de actuaciones flamencas en El Retiro y en el auditorio Cecilio Rodríguez, así como un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor. En la presentación del desembarco, Pelayo aseguraba eufórica: “Esta inversión en la muestra creará empleo”. Entonces eran 96.000 euros los gastos fijados por la regidora del PP. En la inauguración posterior del stand, el 29 de enero, reiteraba: “Es una oportunidad histórica que no vamos a desperdiciar”. Ahora, Ruz pone en cuestión la legalidad de un desembolso total de dinero público de 343.537,58 euros.

“Al firmar los contratos nadie sabe quiénes son esas personas". ¿O sí?

A la vista de esta enorme polémica en la época, no resulta demasiado creíble que, hace poco más de un año, la alcaldesa y senadora del PP asegurara en un pleno extraordinario exigido por la oposición ante la reapertura de la Gürtel: “Cuando se firman los contratos nadie sabe quiénes son esas personas. Como ustedes comprenderán, tontos no somos. Si hubiéramos sabido quienes eran esas personas no se firman los contratos". ¿Realmente era posible que Pelayo no conociera a Cuberos, entonces hombre de confianza de Javier Arenas, artífice de aquel pacto de gobierno en Jerez junto a Antonio Sanz? En aquel pleno extraordinario llegó a decir “aquí no hay ninguna película en la que ni yo ni nadie del Ayuntamiento seamos protagonistas”.

Lo relevante ahora es que el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la señalan como presunta participantes y esta semana mismo declaran dos técnicos municipales por su supuesta cooperación en las contrataciones amañadas. Para ser una “película”, como la llamó Pelayo, parece que el juez Ruz dejó bien atada una instrucción que persigue, entre otros, un posible delito de prevaricación continuada, lo que para el magistrado alarga su plazo de prescripción hasta los 15 años, en este caso hasta finales de 2019.

El juez Ruz deja bien atada una instrucción que persigue, entre otros, un posible delito de prevaricación continuada, lo que para el magistrado alarga su plazo de prescripción hasta los 15 años, en este caso hasta finales de 2019

De esta manera, la líder del PP jerezano se encuentra en una tesitura bien distinta a la precampaña y campaña de 2011, cuando el entonces juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, archivaba finalmente la denuncia interpuesta por el PSOE de Boadilla del Monte -y que fue ampliada con el expediente completo por la exalcaldesa Pilar Sánchez- por las posibles irregularidades cometidas con Pelayo como alcaldesa. Entonces el magistrado se inhibía del caso debido básicamente a que los hechos escapaban de su jurisdicción. Pese a que ha mantenido desde que Ruz decidió reabrir la pieza jerezana de la Gürtel que su preocupación por la misma es "cero", a nadie escapa ya que la tensión es máxima ante la posibilidad de que el asunto vaya a más en plena campaña para la reelección.

Que algo así suceda pasa por las declaraciones de los siete imputados de esta semana, entre ellos los cabecillas de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo, el propio Cuberos, y dos técnicos municipales, uno que la investigación acredita que justificó la urgencia del procedimiento extraordinario de contratación que luego se vistió casi un mes después de acabado Fitur; y otra empleada del Ayuntamiento que supuestamente elaboró los documentos del expediente en fecha posterior a las que figuran en ellos. Lo cual, dice la UDEF, se demuestra en la fecha digital de creación de los ya famosos metadatos. ¿Es creíble pensar que todo esto lo llevaban a cabo sin supervisión política? Según dijo Pelayo hace un año sí: "Me ponen por delante un expediente donde me dicen que se ha tramitado con arreglo a la legislación aplicable y como es lógico lo firmo". Habrá que ver qué curso sigue la instrucción y si finalmente, salvando su condición de aforada, también tiene que acudir a declarar al Supremo por una pieza de la Gürtel cuya resolución, salvo sorpresa mayúscula, todavía se ve lejana en el tiempo.

Sobre el autor:

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Paco Sánchez Múgica

Periodista, licenciado en Comunicación por la Universidad de Sevilla, experto en Urbanismo en el Instituto de Práctica Empresarial (IPE). Desde 2014 soy socio fundador y director de lavozdelsur.es. Antes en Grupo Joly. Soy miembro de número de la Cátedra de Flamencología; hice la dramaturgia del espectáculo 'Soníos negros', de la Cía. María del Mar Moreno; colaboro en Guía Repsol; y coordino la comunicación de la Asociación de Festivales Flamencos. Primer premio de la XXIV edición del 'Premio de Periodismo Luis Portero', que organiza la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Accésit del Premio de Periodismo Social Antonio Ortega. Socio de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) y de la Federación Española de Periodistas (FAPE).

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