Tras conocerse la sentencia sobre los asesores 'extra' que el Ayuntamiento de Jerez asignó a Ciudadanos y Adelante sin seguir procedimiento, el portavoz de Adelante Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo, ha señalado que "el PP, si se sentía perjudicado, estaba en su derecho a ir a los juzgados. Sí tenemos claro que vamos a reivindicar los recursos que se necesitan para hacer política de oposición. Lo dijimos en el pleno de organización, hacen falta personas para hacer política".
Por su parte, desde la otra parte afectada, Ciudadanos Jerez, su portavoz Manuel Méndez explica que "siempre estaremos de parte de la Ley y de la interpretación que de ella hagan los magistrados. Nuestro partido, respecto a la sentencia, tomará las decisiones que correspondan siempre según lo que dicte. No obstante, sí nos gustaría hacer hincapié en que la posibilidad de contar con asesores municipales fue a través de Junta de Gobierno, no de pleno ni ordinario ni extaordinario, por lo que desconocemos por qué el PP no tiene posibilidad de contar con esa figura".
El gobierno local ha anunciado, asimismo, que recurrirá la sentencia. En palabras del delegado José Antonio Díaz, "el Ayuntamiento acaba de recibir la sentencia y, con respeto a las instancias judiciales, no compartimos el fondo. Vamos a recurrir por el criterio que tiene cada institución. Lo mismo ha pasado en Diputación de Cádiz. Ha cambiado el criterio de asignación de sueldos de portavoces de los grupos, de los cuales se ha beneficiado el Partido Popular, como también se ha cambiado la asignación del coche oficial, del que disfruta el señor Saldaña. En el PP rige la ley del embudo; cuando le interesa, sí, y cuando le interesa, no, y por eso no me sorprende su postura. Vamos a trasladar nuestra vigilancia en ese sentido en el uso de los recursos públicos".
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso lavozdelsur.es, los hechos revelan que la Junta de Gobierno Local actuó sin procedimiento, dotando de personal a dos grupos municipales que en las pasadas elecciones obtuvieron menos representación que el PP. La formación que lidera Antonio Saldaña indicó durante el verano, cuando se llevó a cabo el acuerdo, que esa asignación de hasta 30.000 euros por asesor era una compra de voluntades políticas del PSOE hacia los dos partidos citados.
De hecho, el PP ha celebrado la sentencia acusando a Mamen Sánchez de "discriminación política", pero también lo ha hecho extensible a los partidos políticos beneficiados de la decisión del Ayuntamiento. "Han sido cómplices", ha indicado Antonio Saldaña. El Partido Popular aducía en su denuncia, por un lado, la falta de cobertura legal en la actuación del Ayuntamiento y, por otro, una violación de sus derechos políticos al tratar de forma desigual a los grupos municipales.
El PP ha expresado que espera que "devuelvan el dinero cobrado de forma improcedente de tal manera que no haya menoscabo de fondos públicos". La extensión de esa devolución se haría extensible a lo cobrado por el Partido Popular en concepto de asesores, pues el juzgado anula el acuerdo del gobierno local, si bien sólo indica que es ilegal la asignación para asesores extra de Ciudadanos y Adelante Jerez.
Para el juez, el Ayuntamiento se escudó en que "como quiera que los Grupos Políticos PSOE y PP percibirán una asignación económica superior en más de un 40% a la que le corresponderá a los Grupos Políticos de Ciudadanos y Adelante Jerez, se considera conveniente dotar de más medios personales a estos dos Grupos, para que puedan desarrollar mejor su labor. Por lo que tanto el Grupo Político de Ciudadanos, como el de Adelante Jerez podrá contar cada uno con un Asesor de Grupo, quedando fijada su retribución bruta anual en 30.000 euros"
Así, la sentencia prosigue que el acuerdo "no explicita por qué se adopta como porcentaje referente el 40%, y no el 30, el 20, o el 60. La elección del porcentaje, determinado a posteriori de la realidad sobre la que se pretende aplicar, revistiendo una apariencia de objetividad, encubre una decisión dirigida a la consecución de un resultado obvio".
Este objetivo sería, según el juzgado, generar "menoscabo del principal Grupo de la oposición, que debemos recordar que tiene tal posición relativa en la composición del Ayuntamiento por decisión de los ciudadanos con su voto".
El juzgado abunda también en que "no hay ninguna norma legal que pueda servir de fundamento a la decisión adoptada por el Ayuntamiento demandado. Podemos así concluir que, aún cuando la resolución administrativa impugnada no afecte al núcleo esencial del derecho a la participación política, si es contraria al reflejo que sobre tal derecho constitucional tiene el derecho constitucional a la igualdad".
Por el momento, se abren dos caminos para el gobierno del PSOE. El primero, recurrir la sentencia, que llevaría el asunto a la Audiencia Provincial. El otro, allanarse desde ya y renunciar a la legalidad del acuerdo adoptado durante el verano sobre los asesores.
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