El PSOE alerta de las "nefastas consecuencias" para el campo gaditano del reparto final de las ayudas de la Política Agraria Común fijado por el Gobierno en funciones del PP.
La candidata socialista al Congreso por el PSOE de Cádiz y secretaria general del PSOE de Jerez, Míriam Alconchel, ha presentado a pequeños agricultores de la campiña jerezana la campaña informativa que el partido a nivel autonómico ha diseñado para dar a conocer las “nefastas consencuencias” que tendrá en el campo el reparto final de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) que “ha fijado de manera unilateral el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy y que en ningún caso ha venido impuesto por Bruselas”. Ha sido en el transcurso de un acto celebrado en la ELA de San Isidro del Guadalete que ha contado igualmente con la asistencia de su alcalde, el también socialista Manuel Sánchez.
Alconchel ha explicado así al sector el importante “tijeretazo” que sufrirán estas ayudas públicas, lo que ya ha sido recurrido por el Gobierno andaluz de Susana Díaz al entender que se trata de un “ajuste regresivo que se ceba con quienes mas necesitan de la PAC, y que conseguirá que el dinero de los pequeños agricultores engorden las cuentas de los grandes terratenientes y latifundistas”.
La candidata socialista ha advertido que la provincia de Cádiz perderá más de 20 millones de euros con los cambios introducidos en el reparto de ayudas lineales y asociadas dentro de la Política Agraria Común (PAC). La reforma de la PAC, que ha planteado nuevos mecanismos de ajuste, afecta de lleno a 4.814 pequeños agricultores en la provincia que verán recortados de manera importante el nivel de subvenciones que reciben. En este sentido ha denunciado que los recortes se hacen ahora lineales en lugar de progresivos de manera que, por primera vez, se le van a aplicar a los agricultores que reciben menos de 5.000 euros de ayudas, “perjudicando claramente al que menos tiene”.
Antes, a los que recibían más de 300.000 euros en subvenciones, se les aplicaba una merma del 14 por ciento y los de menos de 5.000 euros de ayudas no tenían recorte alguno, pero con la reforma actual se aplica un 8,64 por ciento igualmente a grandes y pequeños agricultores. En la provincia, esos 4.812 agricultores que reciben menos de 5.000 euros de ayudas representan el 58 por ciento del total de agricultores y más de la mitad son de la Sierra de Cádiz.
Junto al 8,64 por ciento lineal, los pequeños agricultores tienen que hacer frente también ahora al cinco por ciento de recortes que se le aplica a todas las explotaciones para destinarlas al fondo de ayudas asociadas. Y a ello se le suma que Andalucía pierde en concepto de desarrollo rural 286 millones de euros, lo que también tendrá una clara repercusión en la provincia.
La candidata socialista recuerda que “el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en 2014 decía que el impacto de la reforma iba a ser mínimo y lo cifró en 60 millones de pérdidas cuando la realidad a día de hoy es que las pérdidas se sitúan en 616 millones de euros en ayudas de pago directo y asciende a 902 millones si incluimos el recorte en desarrollo rural”. “Son los gobiernos los que deciden como aplicar los mecanismos de ajuste que venían de Bruselas” y subraya “la barbaridad que han cometido en España ya que con ese criterio lineal solo salen beneficiados las grandes explotaciones agrícolas”.
La dirigente socialista ha explicado que en las ayudas asociadas, aquellas que se dan a cultivos en riesgo, Andalucía pidió que se incluyera la uva pasa de Málaga, el trigo duro que se da en toda Andalucía y el olivar de montaña que afecta a las provincias de Jaén, Córdoba y Cádiz, pero el Gobierno no los incluyó. Asimismo ha detallado que hay 21.516 hectáreas de olivar de montaña en la provincia y de éstos 17.000 hectáreas se ubican en la Sierra de Cádiz, y por lo tanto, “la decisión es un golpe duro a este sector”.
Por eso, ha anunciado que como en el mes de julio los gobiernos pueden modificar sus criterios, la Junta va a llevar a la Conferencia sectorial a Madrid que estos tres cultivos, especialmente el olivar de montaña, tengan la ayuda que les corresponde. “Lo ha pedido el Parlamento andaluz, se ha presentado en el Congreso aunque no se debatió por la disolución de las Cortes, pero vamos a seguir insistiendo en ello”, ha apuntado.
“La realidad es que un agricultor que recibe menos de 5.000 euros de ayudas, cobrarán un 16 por ciento menos que en 2013”, enfatiza para denunciar que “Andalucía es la única Comunidad autónoma que pierde en desarrollo rural”. “La Unión Europea decía que ninguna comunidad autónoma podía perder más del 10 por ciento y es justamente lo que pierde Andalucía en desarrollo rural, todas suben y la única que baja es Andalucía con un 10 por ciento menos”, ha precisado.
De la misma opinión es la presidenta de Diputación, Irene García, que se ha reunido con el secretario provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Pérez Aguilar, para analizar las primeras consecuencias de la PAC en el campo gaditano, tras lo que ha pedido "cambios" en dicha política para "evitar perjuicios a los pequeños agricultores y ganaderos de la provincia". A petición de Pérez Aguilar, se ha compartido en el encuentro el rechazo sobre un modelo que estará en vigor hasta el año 2020 a no ser que se enmiende a través de una reforma "intermedia".
Este "gran varapalo para la provincia de Cádiz" se deduce tras adoptar el Gobierno de España una reducción lineal, y no progresiva, sobre los denominados derechos de pago único. Conforme a ese modelo, se termina socializando el recorte por lo que -en comparación con la PAC anterior- "las pequeñas explotaciones pierden y las grandes recuperan". En este punto, ha detallado que el recorte lineal es del 8,64 por ciento y "afecta negativamente a 4.814 pequeños agricultores de la provincia de Cádiz". "La agricultura es un medio de vida muy duro que necesita el apoyo institucional", ha destacado García, que ha incidido en que "el mejor plan de empleo es tener gobiernos sensibles que no apliquen castigos".
Irene García ha anunciado que las repercusiones de la PAC en la provincia de Cádiz se trasladarán al Pleno de Diputación. Además, ha dicho que se estudia la posibilidad de convocar un encuentro con las entidades agrarias y ganaderas para evaluar esta reforma.
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