El patronato de la Fundación Centro de Acogida San José, dependiente del Ayuntamiento de Jerez y con presencia de la Diócesis de Asidonia-Jerez entre sus patronos, tiene previsto aprobar de urgencia este domingo por la tarde un acuerdo para indemnizar a un empleado que ha ganado una demanda, con sentencia en enero pasado, tras ser destituido de su puesto de coordinador de la residencia de mayores adscita a la citada fundación.
En concreto, se trata de Patricio Caballero, que tras ser destituido interpuso una demanda contra la fundación por la modificación sustancial de sus condiciones de trabajo —es empleado desde 2002— y otras dos para impugnar dos sanciones disciplinarias que le habían sido impuestas por la dirección del centro municipal. El acuerdo ahora, según ha podido saber lavozdelsur.es, pasaría por la extinción de su contrato e implicará un desembolso, tras las negociaciones para alcanzar dicho acuerdo, de unos 50.000 euros.
El informe encargado por el gobierno municipal a Sanguino Abogados, la consultora jurídica externa que asiste a buena parte de las decisiones del ejecutivo socialista, aconseja alcanzar dicho acuerdo, aunque evidentemente el alto coste de la resolución del conflicto laboral "puede acarrear una situación muy grave para las cuentas de la fundación", han advertido fuentes consultadas por este medio.
"Atendiendo a los riesgos e importes de las contingencias que se derivan de los pleitos actualmente en tramitación, no parece irrazonable sino lo contrario, que las partes puedan avanzar en una vía conciliadora que ponga fin a todas las controversias y conflictos existentes", asegura el informe realizado desde el bufete de abogados, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es. Dentro del acuerdo se exigiría al empleado público la retirada de todas las demandas, que de finalmente tener que ejecutarse pueden superar los 120.000 euros.
¿Por qué la urgencia? Lo explica el informe de Sanguino: "Si bien en todos los procedimientos existe un riesgo de estimación, mayor o menor, especial mención debe realizarse al incidente de ejecución que se sustancia ante el Juzgado de lo Social no 1 de Jerez de la Frontera, con señalamiento para el próximo 4 de octubre de 2021, en el que se solicita la extinción indemnizada de la relación laboral, con derecho al percibido de una indemnización próxima a 80.000 euros".
"El referido procedimiento trae origen en los Autos 736/2020 del mismo Juzgado, en el que ya se dictó sentencia firme declarándose la nulidad de la modificación sustancial de condiciones de trabajo y en cuya demanda se instó ampliación para interesar la resolución contractual indemnizada. Lo anterior determina que incluso ante una eventual desestimación de la pretensión del actor, vía incidente de ejecución, ello no sería obstáculo para que pueda plantear un nuevo procedimiento en materia de resolución de contrato, en virtud del artículo 50.1 a) del Estatuto de los Trabajadores", asevera el informe legal.
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