Andalucía Laica mantiene que es "incompatible" con la Constitución utilizar fondos procedentes del canon por la privatización del agua para "sostener propiedades privadas"
Andalucía Laica ha rechazado la inclusión de iglesias en el plan de rehabilitación del patrimonio histórico puesto en marcha por el Ayuntamiento de Jerez, que va a ejecutar obras por valor de 5,2 millones de euros procedentes de la concesión administrativa de la gestión del ciclo integral del agua. La organización denuncia en un comunicado que se destinen 647.000 euros a "obras de mantenimiento" en las iglesias de Santiago, San Mateo y San Juan de los Caballeros, justificándolo en el hecho de que la Iglesia "tiene suficiente dinero para restaurar sus edificios".
La alcaldesa, en el centro, tras la firma del convenio para donar fondos municipales para rehabilitar Santiago.
Andalucía Laica entiende que "cualquier persona o entidad privada está obligada a sostener, con sus medios, el patrimonio de su propiedad", constituyendo "un abuso flagrante" e "incompatible con la Constitución" el uso de "recursos públicos para el sostenimiento de propiedades privadas". Por último, el colectivo ha advertido de que Jerez "tiene problemas muy graves de paro y familias empobrecidas como para que se priorice la utilización de 647.000 euros en propiedades privadas" mientras, "paralelamente", el Ayuntamiento no asiste "adecuadamente" sus "obligaciones competenciales" en materia de bienestar social.
La concesión administrativa de la gestión del ciclo integral del agua a Aqualia (Grupo FCC) permitió al Ayuntamiento de Jerez un ingreso de 80,1 millones de euros, de los que 20 millones se piensan invertir ahora en el denominado Plan de Actuación 2014-2015. Según defiende el gobierno local del PP, esta iniciativa trata de responder a "demandas históricas" de los vecinos de la ciudad, incluyendo la ejecución de obras de diversa índole en la práctica totalidad del término municipal.
La Junta de Andalucía inició las obras de rehabilitación de Santiago poco después de su cierre, que se produjo en el 2005. Tras la paralización de los trabajos, en diciembre del 2012 el pleno municipal aprobó por unanimidad una moción conjunta de PP, PSOE, Foro Ciudadano e IULV-CA instando a todas las administraciones públicas a adoptar las medidas que fueran necesarias para poder culminar la consolidación del templo, que es Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1931. Algunos grupos, como Foro, reclamaron la petición al Ministerio de Fomento de consignación presupuestaria para Santiago vía los fondos del denominado 1% cultural.
La polémica que ha suscitado los tres convenios suscritos por la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha trascendido a nivel nacional y tanto El País como el periódico digital Infolibre se han hecho eco de los apoyos económicos del Ayuntamiento a la Iglesia en tiempos de tanta precariedad social.
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