La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha reclamado acelerar el debate sobre el uso de las tecnologías en las aulas y cómo estas pueden estar contribuyendo al acoso escolar, después del grave caso ocurrido en el IES Romero Vargas. "Urge acelerar el debate sobre el uso de las tecnologías en las aulas y cómo pueden estar fomentando el acoso", ha dicho Pelayo.
La regidora ha pedido que "pongamos todas las herramientas posibles para que ningún menor sufra bullying. Y no contribuyamos, nadie, a engordar los bulos ni a multiplicar los acosos. Mi total apoyo a la alumna del IES Romero Vargas y a su familia, y mi condena a los hechos que están sufriendo".
Como respuesta, la Federación Local de Ampas, Flampa Jerez, ha convocado una manifestación el próximo martes 28 de octubre a las 17:00 horas en la Plaza del Arenal, bajo el lema “Unámonos contra el acoso. No te quedes a un lado. Ponte de pie. Haz que tu escuela sea un lugar sin acoso”. Desde la federación insisten en que el objetivo es dar voz a las familias, reclamar entornos escolares seguros y promover un compromiso real de toda la sociedad para erradicar una lacra que, como recuerdan, sigue golpeando a los más jóvenes.
Un caso estremecedor atajado
El caso, que ha sacudido a la comunidad educativa jerezana, salió a la luz el pasado lunes 20 de octubre, cuando la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional confirmó que se había activado el protocolo contra el acoso escolar en el centro. Durante una reunión entre un estudiante y la Jefatura de Estudios, se destaparon comentarios ofensivos y amenazas hacia una alumna del instituto. Ese mismo día, la joven aportó nuevas pruebas, entre ellas notas manuscritas con mensajes crueles y humillantes. En una de ellas se leía “Móntate un Sandra, calva”, y en otra, “Mátate, puta y calva”, en clara referencia al reciente caso de Sandra, la adolescente sevillana que se quitó la vida tras sufrir acoso.
Fuentes de la Delegación Territorial de Educación en Cádiz admitieron que ya existían “problemas de convivencia” en el grupo, aunque no se había tenido constancia de amenazas de tal gravedad hasta ese momento. El centro, por su parte, abrió una investigación interna y mantuvo contacto permanente con la familia de la víctima. Tres días después, el jueves 23 de octubre, los alumnos implicados en la difusión de los mensajes fueron expulsados y se activó el protocolo de prevención del suicidio y conductas autolíticas, supervisado por la inspección educativa.
La situación ha provocado una fuerte indignación social. En el barrio y en redes, muchas familias denuncian la lentitud del sistema para actuar ante casos de acoso, y algunas incluso han optado por no enviar a sus hijos al colegio por miedo. “El protocolo antibullying tarda demasiado y las amenazas continúan”, señalan varios vecinos.
