Agustina salió de su casa con apenas 20 años, cuando las desavenencias con su familia fueron irreconciliables y decidió que era el momento de independizarse. Desde entonces —ahora tiene 25— ha estado en cuatro viviendas distintas como okupa, aunque durante un breve periodo de tiempo pudo costearse un alquiler. En la segunda de ellas se quedó embarazada de su hija Manuela, que ahora tiene dos años. La pequeña, durante su corta vida, solo ha residido en viviendas okupadas.
La vida laboral de Agustina tiene apenas seis meses de cotización, en una tienda de alimentación que la despidió cuando llevaba apenas medio año porque "la dueña no podía seguir pagándome". “Con un mes más podría haber tenido más ayuda, la gente me decía que no la echara, pero no podía porque tenía que comer”, cuenta a lavozdelsur.es cuando visita la casa en la que vive, en la calle Azorín en el barrio de San José del Agrimensor, que pertenece a Emuvijesa, la empresa pública de vivienda de Jerez.
“Entré en septiembre y el lunes —18 de noviembre— tuve el juicio”, cuenta Agustina. A ella y a su pareja se las condena por cometer un delito leve por ocupación, por lo que deberán pagar 135 euros en concepto de multa y deberán desalojar la vivienda el próximo 1 de febrero de 2020. “El día que llegamos vino la Policía y nos echó, pero volvimos a entrar porque no teníamos dónde ir y no me podía quedar en la calle con mi hija”, señala la joven. "¿Y cuando me echen qué hago? ¿Me meto en otra? No quiero vivir por la cara, pero sí en un sitio que pueda pagar”, relata Agustina.
Agustina, en la vivienda de Emuvijesa que tendrá que desalojar. FOTO: MANU GARCÍA
Los 430 euros del subsidio por desempleo, lo poco que saca su pareja por hacer chapuces como albañil o pintor —“le dan 20 euros por día"— y lo que recibe ella por limpiar escaleras, “cuando sale algo”, son los ingresos que tienen. Eso y la ayuda que les da la asistenta social, que da para “pañales, potitos y algo de comida”, cuenta. Por eso, dice la joven, no pueden pagar un alquiler. “No veo nada a lo que podamos hacer frente”, relata, "si me gasto 400 euros en el alquiler, ¿mi hija qué come?”, se pregunta.
“La asistenta nos dice que busquemos una casa, que nos ayuda con la fianza y el primer mes, ¿y luego qué?”, señala Agustina. Cuando estaba trabajando pudo pagar una vivienda por la que pagaban 300 euros, “y porque era de una conocida”, pero ahora no encuentra nada por ese precio, y pide un alquiler social. “No puedo costearlo”, dice, mientras la pequeña Manuela juega a su alrededor, haciendo dibujos.
“En la calle no puedo quedarme”, insiste Agustina, quien agrega: “No me niego a pagar”. La joven dice que solo quiere “vivir tranquila”. “Hay días que me pongo a pensar y no duermo, de los nervios, y me lío a llorar”. Su hija Manuela, aunque es pequeña, nota los cambios. “Por las noches le cuesta dormir, para ella es un trastorno”, cuenta su madre, que teme encontrarse en esta situación cuando el año que viene la pequeña empiece su etapa escolar.
La situación de los jóvenes se complica porque, además, la pareja de Agustina padece de bradicardia, es decir, su frecuencia cardíaca es más baja de lo normal. “Sabemos lo que tiene porque la madre pidió dinero prestado para ir a una clínica privada, porque la pública tardaba mucho, y ahí se lo detectaron”, cuenta con un documento en la mano que recoge que tiene unas 30 pulsaciones por minuto, lo que le puede provocar desmayos o dificultades para respirar. “Seguramente le tengan que poner marcapasos”, dice, cuando aun no tiene 25 años.
Agustina, con Manuela en brazos. FOTO: MANU GARCÍA
El Ayuntamiento comprará viviendas para alquiler social
El Ayuntamiento de Jerez ha anunciado este miércoles la adquisición de viviendas destinadas a emergencia social, aunque el número exacto "no se puede precisar, ya que dependerá de la oferta”, asegura la teniente de alcaldesa Laura Álvarez, pero serán “tantas como sea posible hasta agotar el presupuesto disponible”. La junta de gobierno local ha aprobado la compra, con una inversión de 950.000 euros, que se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La medida se incluye dentro de la línea 9 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi), siendo la cofinanciación del 80% (760.000 euros) con fondos europeos, y del 20% (190.000 euros) con recursos municipales. Álvarez explica que se trata de un procedimiento “complejo y novedoso que tiene como objetivo responder a una demanda real en nuestra ciudad, como es el recurso de emergencia social". Las viviendas adquiridas se pondrán a disposición de los servicios sociales para que sean destinadas a alquiler social.
Emuvijesa, la empresa municipal de vivienda de Jerez, dispone de un parque de 1.800 viviendas, entre promociones en alquiler propio, alquiler con opción a compra y viviendas gestionadas de otros promotores públicos. "Esta es una parte muy importante del trabajo, el contacto directo con las familias, y en esta línea vamos a seguir como parte de la gestión diaria en esta delegación para conocer a fondo las diferentes problemáticas de lo que representa la vivienda pública y social en su conjunto", señalaba la delegada de Vivienda, Ana Hérica Ramos, en una visita reciente a promociones públicas.
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