La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha confirmado este martes que la mujer de 47 años que fue apuñalada en el cuello el martes por su expareja en el municipio granadino de Armilla está debatiéndose entre la vida y la muerte en la UCI del Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de Granada tras ser sometida a una nueva intervención.
El Gobierno andaluz, mientras tanto, ha activado el protocolo para asistir a sus hijos, aunque también ampliará esta medida a otros familiares de la víctima. Dicho protocolo se conoce como binomio. "Se trabajando actualmente con los tres hijos pero se va a ampliar a otros familiares porque así lo han solicitado y lo necesitan", ha señalado López.
Los hechos ocurrieron sobre las 21:00 horas del martes en una vivienda de Armilla donde víctima y agresor, separados legalmente desde 2005, estaban conviviendo y donde se encontraban dos de los tres hijos que tiene la víctima. Fue el más pequeño, de ocho años, el que salió a pedir ayuda a los vecinos, según relataba el miércoles la alcaldesa de la localidad, Dolores Cañavate. La otra hija, de unos 14, trató de defender a su madre y recibió un corte en la mano.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, en funciones de guardia, acordó este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de este hombre de 54 años. La jueza de Violencia de Granada también le ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros respecto de la víctima y de sus dos hijos, así como la prohibición de comunicación por cualquier medio con cualquiera de los tres, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La alcaldesa relató a Europa Press que desde el Ayuntamiento de Armilla se ha venido atendiendo a esta mujer por violencia de género por parte de su expareja desde 2004 y hasta 2010, incluso acompañándola a los diferentes juicios que ha tenido por este asunto, que se saldaron con órdenes de alejamiento y una condena a seis meses al agresor. No obstante, desde 2010 no había presentado nuevas denuncias de modo que no tenía en vigor ninguna medida de protección.
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