El hombre acusado de acabar con la vida de Juan Castro, un joven de 19 años, durante las fiestas patronales de Íllora (Granada) en agosto de 2022, ha sido condenado a ocho años de prisión tras alcanzar un acuerdo de conformidad que ha evitado la celebración del juicio con jurado popular. El acusado ha aceptado la pena por un delito de homicidio doloso, además de un castigo adicional de 15 años de alejamiento del municipio y de la familia directa de la víctima.
El pacto entre las partes fue formalizado este lunes en la Audiencia de Granada, donde el acusado, que se encuentra en prisión provisional desde el momento de los hechos, reconoció los hechos y expresó su arrepentimiento. En el acto también se tuvo en cuenta como atenuantes el consumo de alcohol y drogas, así como la reparación parcial del daño causado.
Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una pena de 15 años de prisión, pero esta se ha reducido a ocho tras el acuerdo alcanzado. Además, el condenado deberá abonar una multa por un delito leve de lesiones a la pareja del joven, quien intentó mediar durante la agresión.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 15 de agosto de 2022, cuando se produjo una pelea dentro de la caseta municipal entre un amigo de Juan y el ahora condenado, de 23 años en ese momento. Tras el altercado, Juan y su novia abandonaron el recinto, pero fueron interceptados por el agresor en una calle cercana.
Según el relato de la Fiscalía, el agresor se dirigió a Juan en actitud violenta, le sujetó por la ropa y comenzó a golpearle repetidamente en la cara mientras le exigía información sobre el paradero de su amigo. Durante la agresión, la pareja del joven intervino para detener la paliza, pero también fue golpeada con un puñetazo en el rostro que la apartó de la escena.
Evitar el juicio
Acto seguido, el agresor continuó golpeando al joven hasta dejarlo inconsciente. Varias personas presentes en el lugar tuvieron que intervenir para separarlo. Juan Castro falleció a consecuencia de los fuertes golpes recibidos en la cabeza y el rostro.
El condenado también deberá indemnizar a los padres del fallecido con 120.000 euros y al hermano con 75.000 euros por los daños morales ocasionados. La compensación económica se suma a la condena penal impuesta por el tribunal.
Las partes implicadas en el procedimiento han señalado que el acuerdo tiene como finalidad evitar el juicio y con ello un nuevo sufrimiento para la familia del joven. También se ha considerado que la resolución contribuye a rebajar la tensión social que se generó en Íllora tras el crimen, que derivó en disturbios y daños materiales en propiedades vinculadas al entorno del acusado.