El caso de la conocida como 'finca de los horrores' de Cabra, donde decenas de perros fueron encontrados en condiciones extremas de abandono, vuelve a los tribunales. La protectora Galgos del Sur ha solicitado el ingreso en prisión de uno de los dos cazadores condenados por aquellos hechos, al considerar que habría vuelto a delinquir al continuar con actividades relacionadas con animales pese a tenerlo expresamente prohibido.
La asociación, representada por la abogada especializada en derecho animal Dulce Aguilera, ha pedido al Tribunal de Instancia de Córdoba que revoque la suspensión de su condena de 18 meses de cárcel, concedida con la condición de no cometer nuevos delitos durante dos años.
De 29 perros abandonados a una nueva acusación
El origen del caso se remonta a una finca de Cabra donde, según declaró probado una sentencia de octubre de 2022 del Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba, dos cazadores mantuvieron durante meses a 29 perros encadenados a olivos, sin comida ni agua, rodeados de basura, excrementos y restos óseos de otros animales.
Los perros carecían de refugio y presentaban graves problemas de salud. Dos murieron, uno de ellos tras tener que ser eutanasiado debido a su estado.

- Piden prisión para un condenado por la finca de los horrores de Cabra
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Ambos responsables fueron condenados a 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para tener animales o desarrollar actividades profesionales y comerciales relacionadas con ellos. Galgos del Sur participó en el rescate y se hizo cargo de 21 de los 24 perros decomisados.
Dos informes de detectives y un juicio pendiente
Tras detectar indicios de posibles incumplimientos, la protectora contrató investigadores privados. Según la asociación, dos informes periciales apuntan a que el condenado habría seguido teniendo, criando y comercializando animales en distintas fincas.
Estos hechos han dado lugar a un procedimiento por presunto quebrantamiento de condena. Tanto la Fiscalía como Galgos del Sur han presentado escritos de acusación y el 15 de junio de 2026 se acordó la apertura de juicio oral.

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La asociación considera que esta circunstancia justifica revisar la suspensión de la pena, después de que una petición anterior fuera rechazada cuando los nuevos hechos todavía se investigaban.
Ahora reclama que se ejecute la condena original y se ordene el ingreso del acusado en un centro penitenciario.
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