La decisión de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de llevar por la vía penal el desalojo de Fani y Álex, dos afiliados al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz, pone de nuevo en primera plana la gestión de la vivienda pública y la respuesta de las administraciones ante las familias en situación de vulnerabilidad. El procedimiento afecta a una vivienda de titularidad pública en la que reside la familia y cuya recuperación reclama el organismo autonómico.

Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz sostienen que la actuación de AVRA supone un ejemplo de cómo la administración afronta la emergencia habitacional. "Que la agencia encargada de garantizar el derecho a la vivienda en Andalucía recurra al código penal en lugar de ofrecer un contrato de alquiler social retrata con precisión cómo entiende la Junta su función social", afirman. A su juicio, "antes que dar un techo a quien no lo tiene, prefiere convertirlo en un asunto de juzgado de lo penal".

El colectivo considera que el caso "no es una excepción, sino el procedimiento habitual de una administración que ha decidido gestionar la emergencia habitacional por la vía represiva, mientras el parque público de vivienda sigue sin llegar a quienes más lo necesitan". Además, asegura que intentó abrir una negociación con AVRA para buscar una solución que evitara el desalojo, aunque afirma que no obtuvo respuesta.

"Nosotras hemos intentado contactar con AVRA en representación de Fani y Alex para intentar negociar, sentarnos en una mesa a dialogar y darle una alternativa habitacional", explican desde el sindicato. Sin embargo, aseguran que "hemos recibido silencio por parte de AVRA" y que la primera noticia que tuvieron del procedimiento fue la citación judicial de la familia "por la vía penal para ser desahuciados", explica la portavoz de la organización, Joana Castaño.

La organización sostiene que la administración autonómica disponía de otros mecanismos para recuperar la vivienda. "Tiene otros métodos menos lesivos", señalan, al entender que podía haber recurrido a la vía administrativa y que, en cualquier caso, "esa expulsión no debe ejecutarse sin una alternativa habitacional como responsabilidad de las administraciones públicas".

El drama de una madre

Fani, la madre, asegura que su única petición ha sido poder regularizar su situación mediante un alquiler social. "AVRA nos quiere desahuciar, no nos da ninguna posibilidad de poder regularizar mi situación", lamenta. "He intentado de todas las maneras, por todos los medios, sentarme para dialogar con ellos para que me den una solución. No me han dado respuesta".

La mujer explica que afronta el juicio sin conocer cuál será el desenlace del procedimiento y teme quedarse sin vivienda junto a sus tres hijos, de 10 y 7 años, además de un bebé de siete meses. "No tengo ninguna alternativa. La alternativa que yo veo es llegar a un acuerdo o bien quedarme en la casa regularizando, un alquiler social o que me den una vivienda habitacional; si no, es que me veo en la calle", afirma.

Fani también relata el desgaste personal que ha supuesto el proceso durante los últimos meses. "Todos los días es un sinvivir, todas las mañanas a expensas de que escucho al cartero por una notificación. Un estrés, una ansiedad fatal", explica. Aunque asegura que su familia acepta cualquier oportunidad laboral que aparece, sostiene que "los alquileres están por las nubes" y que únicamente podrían afrontar el coste de "un alquiler asequible, un alquiler social".

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz ha anunciado que continuará acompañando a la familia y que mantendrá las movilizaciones para denunciar lo que considera una actuación injusta. Además, vincula este caso con el aumento del precio de la vivienda en Cádiz y su bahía y critica que, en lugar de ampliar el parque público de viviendas, "lo que hacen es expulsar a las familias" y enfrentar, a su juicio, "a las personas más precarias entre ellas" por el acceso a una vivienda.