La tensión y la emoción han marcado la concentración celebradaeste miércoles ante la sede de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en Cádiz, donde varios colectivos de vivienda se movilizaron para exigir la paralización de dos desahucios que afectan a Sonia y Estefanía, dos mujeres que denuncian que pueden perder sus hogares sin alternativa habitacional.
La protesta, convocada a las puertas del organismo autonómico en la calle Cristóbal Colón, reunió al Sindicato de Inquilinas de Cádiz, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Facua, la Plataforma de Vecinos y Amigos del Pópulo y Mujeres de Acero.
El momento más tenso de la mañana se produjo cuando representantes del Sindicato de Inquilinas intentaron entrar junto a las afectadas en la sede de AVRA para acompañarlas en la presentación de un escrito con firmas de apoyo vecinal. La empresa pública impidió su acceso y solo permitió el paso a Sonia y Estefanía, una decisión que el sindicato denunció como un intento de apartarlo de la negociación. "Nos han denegado el acceso por seguridad", explicó la portavoz de la organización, Joana Castaño, que criticó que se impidiera a las afectadas acudir acompañadas en un trámite ante un organismo público.
Ambas mujeres acudieron para registrar una carta firmada por vecinos de sus respectivos edificios en la que respaldan su permanencia en las viviendas. Según denunciaron, AVRA se limitó a recepcionar la documentación sin ofrecer respuesta alguna sobre una posible negociación. "Queremos regularizar nuestra situación, no pedimos otra cosa", insistieron durante la protesta.
Sonia explicó que lleva casi una década viviendo en una vivienda pública que fue adjudicada a su abuela y que, tras su fallecimiento, ha seguido abonando el alquiler y todos los gastos derivados del inmueble mientras esperaba una solución administrativa. Sin embargo, asegura que AVRA la considera ocupante irregular y le exige abandonar el piso. "Yo sigo haciendo frente al pago de recibos, comunidades, todo lo que genera la casa y la Junta me dice que yo estoy ahí ilegal, quiere que me vaya", relató.
La afectada aseguró que la situación está afectando a toda su familia. "No me dan la oportunidad de hacerme a mí un contrato, que yo esté tranquila", lamentó antes de añadir: "Esto afecta también la salud mía y de los que viven conmigo, que son mis hijos". La afectada subrayó además que cuando comenzaron los requerimientos administrativos aún convivía con un hijo menor de edad en el domicilio. "Aun así siguieron las amenazas con las cartas sin ofrecerme ninguna alternativa", denunció.
A su lado, Estefanía relató entre lágrimas que accedió a una vivienda vacía de titularidad pública al verse sin otra salida con su pareja y sus tres hijos menores, uno de ellos un bebé de apenas cuatro meses. "Me he tenido que meter porque me veía en la calle con mis tres niños pequeños", afirmó. Según explicó, antes de entrar en el inmueble acudió a distintas administraciones en busca de ayuda, sin éxito. "Lo que hacen es dar balonazos unos a otros, que no tengo alternativas, que me tengo que ir a la calle", sostuvo.
"Yo no puedo estar en la calle con tres menores", repitió con la voz quebrada ante los asistentes. Estefanía explicó que desde entonces vive pendiente de posibles notificaciones judiciales y de nuevos requerimientos para abandonar la vivienda. "Esto es un sinvivir todos los días igual", afirmó. "Lo que quiero es una regularización, tener mi casa, pagarla como todo el mundo y estar tranquila. Yo no pido otra cosa".
Ambas afectadas explicaron además que ya han recibido comunicaciones formales de la administración instándolas a abandonar las viviendas, aunque por el momento ninguna dispone de una fecha fijada para el desalojo. Estefanía asegura que AVRA le remitió una carta en la que se le exige dejar el inmueble de forma voluntaria bajo advertencia de iniciar acciones penales si no lo hace, mientras Sonia señala que su procedimiento se encuentra en una fase más avanzada, aunque tampoco tiene aún señalamiento concreto.
"Una actitud cruel y miserable"
El portavoz de APDHA Cádiz, Rafael Lara, fue especialmente duro durante su intervención y acusó a la Junta de Andalucía de actuar con crueldad en ambos casos. "AVRA va a expulsar a gente sin darle ninguna alternativa habitacional, es decir, sin ofrecerle ninguna alternativa. Eso es una actitud cruel y miserable", afirmó ante los presentes. Lara sostuvo además que la administración autonómica mantiene abandonada la política de vivienda en la ciudad: "La vivienda en Cádiz está absolutamente abandonada por la Junta de Andalucía".
El representante de derechos humanos fue más allá y denunció que la Junta dispone de suelo y edificios sin uso mientras persiste la emergencia habitacional. "La Junta de Andalucía desprecia Cádiz y abandona Cádiz en el tema de la vivienda, y eso es también intolerable", aseguró. Los colectivos convocantes exigieron la paralización inmediata de ambos procedimientos, la apertura de una negociación con las afectadas y el Sindicato de Inquilinas y la movilización de viviendas públicas vacías, mientras Joanna cerró el acto con un llamamiento a la ciudadanía: "Todo el que tenga algún problema con las casas de la Junta de Andalucía que se una, porque si no nos unimos todos las administraciones se limpian las manos y no ayudan en nada".
