Fue hace 13 años. Todos los calificativos, la mayoría manidos, parecen justificados aquí. Robo del siglo, golpe maestro, atraco perfecto, asalto de película. Cualquiera encaja sin temor a la exageración.
Entre 290 y 330 kilos de cocaína más cien de hachís -la cantidad exacta nunca fue aclarada- desaparecían del almacén del Cuerpo Nacional de Policía en Cádiz, en la calle Granja de San Ildefonso, ubicado a unos 80 metros de la Comisaría Provincial de la avenida de Andalucía.
Las primeras informaciones aparecen el 1 de octubre de 2012. Hace dos semanas se cumplían 13 años del histórico palo, uno de los mayores robos de estupefacientes en posesión de las fuerzas de seguridad del estado en la historia de España.
Han pasado 13 años y el juicio aún no se ha celebrado. La fiscal antidroga de Andalucía, Ana Villagómez, resalta este caso como el máximo ejemplo de los retrasos, el colapso, de la administración de Justicia en España.
Pocos episodios ilustran mejor el artrítico ritmo que provoca una normativa procesal "escrita en el siglo XIX" cuando ya ha transcurrido la cuarta parte del XXI.
El escenario del golpe fue el almacén y garaje de la Subdelegación del Gobierno, dependiente de Sanidad Exterior, en el barrio de San Severiano de Cádiz.
Además de vehículos oficiales del Parque Móvil de Ministerios, los coches oficiales, el inmueble contaba con un "búnker" teóricamente blindado en el que se acumulaban grandes cantidades de droga antes de ser destruida como manda la legislación.
El descubrimiento
El robo fue comunicado un lunes y costó años saber si la entrada de los acusados y la salida de la droga se produjo en la noche del viernes o durante el sábado. El robo fue descubierto a primera hora del domingo.
Conductores profesionales de la Subdelegación dieron aviso de que habían encontrado "abiertas" las puertas del garaje y almacén. La Subdelegación del Gobierno en la provincia de Cádiz, dirigida entonces por Javier de Torre, confirmaba el lunes la espectacular sustracción.
Comenzaba entonces una investigación que se prolongó durante cinco años. Las primeras inspecciones detectaron que los asaltantes accedieron al almacén con toda facilidad, con unos pocos saltos desde el patio interior de un edificio de viviendas colindante de 16 plantas.
A partir de ahí habrían llegado a un recinto apenas protegido por delgadas vallas metálicas que fueron superadas con facilidad. Al perímetro del "búnker" se pudo entrar por una ventana común y al habitáculo que contenía la droga mediante el simple forzado de una cerradura poco sofisticada.
Una vez reventada, el premio gordo, el alijo de 300 kilos de cocaína, o más, con la propina del hachís. El material había sido incautado en un carguero de bandera búlgara, bautizado Nikolai, en alta mar el verano anterior, el de 2012. Procedía de algún puerto del Caribe y tenía teórico destino en Galicia.
El Sindicato Unificado de Policía clamó en las semanas posteriores contra "la dejación de responsabilidades que mostraba el mal estado de conservación y seguridad del almacén" o las "tremendas facilidades" que encontraron los delincuentes. El colectivo de funcionarios aseguraba que meses antes del robo había denunciado que el inmueble era "inseguro, obsoleto".
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo por entonces, anunciaba la apertura "de una investigación para esclarecer lo ocurrido hasta las últimas circunstancias".
Cinco años de investigación
El proceso de pesquisas y búsqueda de los sospechosos se prolongó durante cinco años. Decenas de páginas en prensa, minutos en radio y televisión, trataron de aportar algún dato en vano. Hasta la posible implicación de algún funcionario de policía en el golpe fue publicada con frecuencia.
Un lustro después del asalto, llegaron las primeras detenciones. Cuando han pasado 13 años, aún no se han enfrentado a juicio por los delitos que se les achacan.
El 11 de mayo de 2017, grupos especializados del Cuerpo Nacional de Policía detenían en Chiclana a tres hombres y una mujer. Ellos pasaron a prisión preventiva inmediatamente por la gravedad de los indicios en su contra. La mujer quedó en libertad con cargos. En pocas horas fueron detenidos dos hombres más.
Los arrestos permitieron aclarar por primera vez la trama. El origen del robo estaría, según la versión policial pendiente de confirmación en juicio, en un joven chiclanero (actualmente con 47 años) llamado P. P. B. que ayudaba a su padre en una empresa de transportes.
Las seis detenciones relacionadas con el "golpe maestro" se realizaron en mayo de 2017, cinco años después del robo
Algunos de los portes de esos camiones estaban formados por la droga que la Policía Nacional y la Guardia Civil incautaba con frecuencia, camino de la pira en la que iba a ser quemada. Los estupefacientes eran recogidos en el almacén de Granja de San Ildefonso, en Cádiz, el escenario del robo.
Según la investigación y la hemeroteca, el joven transportista podía conocer en cada visita al almacén, con una simple observación, dónde y cómo se guardaba la droga que transportaba, qué cantidades estaban almacenadas, en qué momentos había más o menos vigilancia, ventanas, puertas, cerraduras.
La investigación establece que tres de los acusados llevaron en Chiclana una vida de lujo con "inversiones, fiestas y compras millonarias"
El contacto del transportista con J. M. G. (madrileño ahora con 51 años y numerosos antecedentes por delitos relacionados con narcotráfico) fue la clave que propició el golpe según la investigación pendiente de juicio.
El tercer detenido prinicipal, aquel 11 de mayo de 2017, fue S. I. G. (amigo del anterior, con similar trayectoria y ahora con 57 años) que tendría la hipotética misión de "colocar" la droga robada en el mercado negro y convertirla en dinero a repartir entre la banda.
El grupo estaría completado por la pareja de uno de los anteriores, la mujer que quedó en libertad con cargos, y otros dos colaboradores que habrían viajado desde diversos puntos de la costa mediterránea para participar en el golpe en Cádiz, especialmente en las tareas de transporte de la droga sacada del almacén.
Una vida de lujo y unos indicios que caducan
Las detenciones permitieron rematar un relato de los supuestos hechos que la Policía Nacional considera probados pero siguen a falta de la definitiva revisión judicial en un proceso con todas las garantías.
Las declaraciones de los acusados y los indicios -rastros financieros y seguimientos audiovisuales entre ellos- permitieron establecer que el asalto de Cádiz se produjo durante cuatro horas, de 11 de la noche a 3 de la madrugada, aunque falta por aclarar si fue el viernes o el sábado previos al descubrimiento del robo.
La droga llegó en cuestión de horas a Madrid, pocos días después saltó a Países Bajos y Reino Unido, allí se le pierde el rastro
La droga, alrededor de 300 kilos de cocaína de gran pureza y un centenar de hachís, salió desde el almacén gaditano hacia Madrid sin escalas. Tras unos días en manos de algún grupo de narcotraficantes intermediario habría partido hacia Países Bajos y Reino Unido donde fue distribuida. Ahi se le pierde el rastro.
Los seis participantes habrían recibido una enorme cantidad de dinero, sin especificar, por el alijo. Tan grande fue el botín que la investigación tiene documentadas decenas de fiestas de gran lujo en distintos puntos de la costa andaluza, desde Chiclana hasta Marbella.
Al menos tres de los seis acusados llevaron "un alto nivel de vida, con compras y gastos millonarios" en los años siguientes al golpe en la ciudad de Cádiz.
Tres de ellos, los considerados cerebros del golpe, se habrían instalado desde entonces en la localidad chiclanera para invertir los altos beneficios del robo en negocios legales, desde tiendas de electrónica hasta barcos recreativos e instalaciones deportivas.
La Policía Nacional detuvo a varios de ellos en la sede de algunos de aquellos negocios, hace ahora ocho años y medio, en la primavera de 2017.
La fiscal antidroga, Ana Villagómez, asegura que 13 años después la tarea de seguir el rastro del dinero logrado con la venta de la droga, las inversiones realizadas y otros indicios que podrían resultar concluyentes se complican de forma notable.
Un retraso tan llamativo, que puede llegar a los tres lustros en 2027, supone una ventaja para las defensas de los acusados, una sensación de impunidad para los posibles responsables y, sobre todo, según la representante del Ministerio Público, la confirmación de que la administración de Justicia precisa de refuerzos y agilización urgentes.