La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) en Cádiz ha denunciado un nuevo caso de desahucio, que vuelve a poner rostro al creciente problema de acceso a la vivienda en la ciudad. La organización considera que la situación se ha vuelto “angustiosa” y que refleja un fracaso prolongado de las políticas públicas en materia de vivienda.
Según recuerdan desde la entidad, las encuestas reflejan que la vivienda es el principal problema social en España, un drama que golpea con especial dureza a las personas con menos recursos y que, en el caso gaditano, se agrava por la escasez de oferta y el incremento de los precios. Apdha lamenta que no se trata de “un drama bíblico ni una plaga”, sino de “la consecuencia de muchos años de abandono de las políticas de vivienda”.
En su comunicado, la asociación recuerda que el artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna, y denuncia que todas las administraciones –local, autonómica y estatal– han incurrido en “décadas de incurias y negligencias”, favoreciendo “la especulación privada del suelo y la vivienda”. Señalan, además, que los ejemplos en Cádiz son numerosos, “especialmente en las últimas legislaturas del PP, privatizando suelo público para beneficio de unos pocos”.
Un desahucio con nombre propio
La organización pone rostro a la emergencia habitacional a través de Laura, una madre que afronta un inminente desalojo junto a su pareja, un bebé de un mes y dos hijos más, de tres y doce años. Según Apdha, la familia vive desde hace un año y medio en un piso de Avra, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que “llevaba cinco años vacío y en condiciones lamentables”. Explican que los propios inquilinos tuvieron que “acometer un mínimo adecentamiento del mismo” y que, pese a intentar contactar con la Junta, “ni siquiera han aceptado escucharla”.
Desde la asociación recuerdan que solo en el primer trimestre de 2025 se han producido 27 desahucios en la provincia, la mayoría por impagos de alquiler, y que muchas familias trabajadoras no pueden afrontar los “precios desorbitados e indecentes” que se exigen en la ciudad. En su comunicado, mencionan también a otras mujeres –Tamara, Lorena o Kahoula– que, en condiciones precarias y con hijos pequeños, “han luchado por su familia y por el derecho a disponer de un techo digno”.
Apdha reconoce que no apoya la ocupación de viviendas públicas, ya que considera que su asignación debe respetar las listas municipales de demandantes. Sin embargo, matiza que entiende las decisiones desesperadas de quienes se ven sin alternativa. “Se entiende aún mejor cuando nos consta que tanto Procasa como Avra mantienen vacías un buen número de viviendas, exclusivamente porque no quieren gastarse nada en rehabilitarlas y ponerlas al servicio de la ciudadanía”, añaden. La organización ha anunciado además que iniciará acciones para obtener la lista completa de viviendas vacías, que aún no se les ha facilitado.
“¿Cómo se atreve la Junta a echar a la calle a tres niños?”
La denuncia de Apdha señala tres agravantes en la actuación de la Junta de Andalucía. El primero, recuerdan, es que existe un Real Decreto-ley 1/2025, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025, que suspende los desahucios de hogares en situación de vulnerabilidad económica y sin alternativa habitacional. “La familia de Laura cumple con todos los requisitos que la normativa protege”, subrayan.
El segundo punto, calificado por la asociación como “aún más sangrante”, es la presencia de tres menores en la unidad familiar. “¿Cómo se atreve la Junta a echar a la calle a tres niños sin ofrecer una alternativa habitacional para que no duerman bajo un cartón?”, cuestionan. En tercer lugar, la organización denuncia que el procedimiento de desahucio se ha judicializado por vía penal, algo que, según explican, “supone un agravante para las familias, ya que puede derivar en antecedentes penales con consecuencias evidentes”.
Apdha insiste en que este tipo de actuaciones vulneran el derecho fundamental a una vivienda digna y consolidan un modelo de gestión pública “más centrado en la sanción que en la protección”. Por ello, reclaman a la Junta de Andalucía que paralice el proceso de lanzamiento “hasta tanto ofrezca una alternativa habitacional para estos niños y su familia”.
La organización recuerda que este caso no es aislado, sino una muestra más de un sistema que empuja a familias vulnerables “a vivir con miedo, con la incertidumbre de si mañana seguirán teniendo techo”. Y subraya que la falta de políticas de vivienda pública y la especulación han convertido Cádiz en “un ejemplo extremo de la crisis habitacional que atraviesa España”.
Desde Apdha han reiterado su respaldo a Laura y a sus hijos, y su compromiso de continuar presionando a las instituciones para que actúen. Aseguran que la ciudad “no puede permitirse más desahucios de familias trabajadoras, con niños pequeños, por simple desidia administrativa”.
