Los trabajadores han asumido su autoría en estas protestas que tuvieron lugar en 2013 para reclamar carga de trabajo.
El juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz ha condenado este lunes a nueve meses de prisión y a una multa de 1.080 euros a cada uno de los diez trabajadores que participaron en los destrozos del puente Carranza en el año 2013 en el contexto de las protestas laborales para reclamar carga de trabajo para el astillero de Puerto Real.
Los acusados han admitido su autoría en los hechos y han aceptado esta pena frente a la pena de dos años y nueve meses de prisión que pedía para ellos el fiscal. Arropados por el comité de empresa de Navantia Puerto Real, trabajadores del metal y varios miembros del equipo de Gobierno de Podemos en Puerto Real, con el alcalde, Antonio Romero a la cabeza. El mismo, calificaba momentos antes del juicio a Radio Cádiz que las medidas contra los jóvenes eran "desproporcionadas".
Los hechos condenados se remontan a diciembre de 2013. Un mes antes, Gas Natural confirmó que el programa de gaseros que habían anunciado a bombo y plantillo se iban a construir en astilleros asiáticos. A partir de entonces, se recudreció la protesta laboral y los tres astilleros salieron a la calle cada uno a su manera. La plantilla de Cádiz corta simbólicamente la carretera industrial. San Fernando sale a la calle sin autorización de Subdelegación del Gobierno y bajo una amenaza de multa de 30.000 euros. Y Puerto Real, adonde irían los gaseros, sube el tono de las protestas.
En ese mes de diciembre, el puente Carranza estuvo cerrado al tráfico hasta siete días y el día 12, la plantilla decide encerrarse en la factoría y concentrarse en la puerta por la tarde. Los trabajadores desisten de cortar el puente pero diez jóvenes lo hacen por su cuenta y destrozan señales de tráfico y farolas dejando impracticable la vía de comunicación. No hay actuación policial, no hay limpieza y el tráfico no queda restablecido hasta casi las doce del mediodía del viernes. Pero ese mismo jueves, sí detienen a estos diez jóvenes de Puerto Real.
A partir de entonces, comenzó una campaña de apoyo a ocho de ellos que permanecieron en prisión preventiva y sin fianza varios días. Pero ya en aquel entonces, los trabajadores de astilleros ponían de manifiesto la "dureza" de la reacción judicial. Ni siquiera en los episodios más graves en la historia de los astilleros gaditanos, la respuesta judicial había sido tan dura como la de ahora. Cierto es que hubo detenidos. Juicios, multas, penas de cárcel pero “nunca antes un trabajador ha estado más de dos noches en un calabozo”, explicaba el entonces presidente del comité de empresa de Puerto Real, Ramón Linares.
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