La municipalización de playas se topa ahora con la Subdelegación

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Después de seguir su proceso a pesar del voto en contra del PP, la Subdelegación va a intentar paralizarla con un recurso contencioso administrativo.

El proceso de municipalización del servicio de limpieza de los módulos de playa vuelve a complicarse con la aparición de un nuevo protagonista en la historia: la Subdelegación del Gobierno que ha impugadno el acuerdo de Pleno al que llegó el Ayuntamiento de Cádiz el pasado 26 de mayo por el que se daba luz verde a la asunción municipal del servicio de playas

Tras el voto en contra del Partido Popular en el seno del Consejo de Administración de Cádiz 2000 -la empresa municipal que asumirá el servicio-, el proceso salió adelante con la abstención del PSOE pero los populares advirtieron que iban a impugnarlo. Desde el PSOE se argumentó previamente que "estaban a favor de la internalización del servicio, de la calidad del mismo y de que los trabajadores gocen de una seguridad en el desarrollo de sus funciones. "Lo que estamos es favor de que la municipalizcación no se convierte en el timo en el que se han convertido los presupuestos".

Desde el PP se aseguró, al término de la sesión, que se tomarían medidas legales y ha sido la Subdelegación del Gobierno la que ha impugnado el acuerdo plenario argumentando que no existen criterios económicos que fundamenten esta decisión que, entienden, desestabilizaría la hacienda local. Consideran además que la subrogación de estos trabajadores vía Estatuto de los Trabajadores vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

Al respecto, el concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, ha asegurado que “estamos ante un brutal golpe antidemocrático que atenta contra la soberanía de los municipios”. "El Partido Popular intenta imponer por la fuerza lo que no es capaz de ganar democráticamente, ni a través del debate ni a través de las urnas. Ayer se quedaron solos en su intentona frustrada de paralizar el proceso de municipalización, y hoy han dado la orden a sus compañeros de partido en la Subdelegación de Gobierno”. A juicio del concejal “el PP intenta reiteradamente que las decisiones que tiene que ver con Cádiz se decidan fuera de la ciudad”. 

El edil de Medio Ambiente ha calificado de “vergonzoso” observar cómo el Partido Popular “utiliza las instituciones para su beneficio partidista, como si fueran de su propiedad. No solo defienden la privatización de servicios, sino que hacen un uso privativo de las instituciones”. Una vez más, ha explicado, “nos enteramos de este tipo de acciones por la prensa y no a través de una notificación oficial” lo que es “absolutamente intolerable”.

En esta línea, el concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, ha acusado al PP de “defender los privilegios de ciertas empresas a través de un modelo de privatizaciones que trocea los recursos públicos para venderlos a sus amigos”. Navarro ha señalado que “no soportan que estemos parando la rueda y haciéndola girar en el sentido contrario, que no es otro que el sentido común, el de la gestión pública que atiende a la calidad del servicio y las condiciones laborales, y no a la acumulación de beneficios empresariales”.

El edil de Economía y Hacienda ya ha recordado que utilizaron este mismo modus operandi contra el proceso de recuperación de servicios de Chiclana, “uno de los motivos por lo que se ha llegado un acuerdo entre ambos ayuntamientos para constituir una mesa que aúne esfuerzos en este sentido”. Del anuncio que realizaron  prensa “no se ha sabido nada más”. Es por esto por lo que David Navarro ha calificado las amenazas del PP “de un intento de intimidación ante el que no vamos a ceder ni un milímetro”.

Ambos concejales han subrayado que se dispone de un informe del Secretario Municipal y otro de la propia Intervención que desmontan contundentemente las bases del recurso impuesto por la subdelegación. “El PP no solo pretende atacar a este equipo de gobierno, sino que también se enfrenta contra los propios técnicos municipales, y en última instancia con los trabajadores y las trabajadoras de los servicios” añaden, lo que califican de “repugnante”.

El concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente ha informado de que “iniciaremos una ronda de contactos con municipios de todo el Estado que están en esta misma situación para responder con total contundencia a este ataque intolerable por parte del Gobierno central. El peso de los ayuntamientos debe caer sobre el caciquismo de un partido que se comporta, tal y como dicen los propios tribunales, como una organización criminal”.

 

De la Fuente ha subrayado que “por mucho que le pese al Partido Popular, el  proceso de municipalización va a seguir adelante”.  

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