Una guardería sigue funcionando con normalidad en el mismo edificio en el que tiene su sede Facua Cádiz durante las obras que según la Junta de Andalucía obligan a desalojar a la organización del inmueble. La asociación reitera que la medida es una represalia ante sus críticas contra la gestión del Gobierno autonómico.
Facua Cádiz niega así las declaraciones de la delegada del Gobierno, Ana Mestre, que ha afirmado que no existe otra opción que el desalojo para acometer una obra que califica de "imprescindible". La asociación señala que, de acuerdo al expediente que instruye el Ayuntamiento de la ciudad, no hay ninguna indicación de que sea necesario el desalojo de su sede por motivos de seguridad, al igual que las obras tampoco afectan a otros locales ubicados en el edificio, como la guardería, un club deportivo y una farmacia.
La asociación considera que los argumentos esgrimidos por Mestre para justificar el desalojo carecen de ningún fundamento, y acusa a la delegada del Gobierno de utilizar la realización de las obras de forma torticera para expulsar a Facua Cádiz como represalia por sus críticas.
De igual forma, critica que Mestre no haya atendido a las peticiones de reunión que ha solicitado la organización para tratar este asunto, tanto con ella como con el delegado de Empleo, Alberto Cremades, en las que podría haber demostrado que la medida se ha adoptado por obligación, sin que exista otra opción al desalojo, tal y como viene asegurando.
Facua Cádiz, aún así, señala que ha trasladado a la Junta de Andalucía y a la comunidad de propietarios su disposición a colaborar en el desarrollo de las obras en caso de que fuera necesario, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta. La asociación insta a Mestre a que, si realmente el desalojo es imprescindible, se comprometa públicamente a permitir el regreso de la organización a su sede una vez terminadas las obras, como forma de demostrar de que la decisión no se ha tomado como represalia.
Finalmente, Facua Cádiz agradece las muestras de apoyo recibidas en los últimos días tanto por parte de organizaciones sociales como de consumidores de toda la provincia, que han trasladado su solidaridad ante este nuevo ataque, su rechazo a la decisión de la Junta de Andalucía y su colaboración en la campaña de movilización que la asociación tiene previsto poner en marcha.
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