El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado el recurso de una trabajadora del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Almería que reclamaba 10.000 euros por daños morales y psicológicos. La empleada denunció acoso laboral y discriminación tras un cambio de funciones, pero la Sala de lo Social consideró insuficientes los indicios de vulneración de derechos fundamentales.
De orientación profesional al área de archivo
El conflicto comenzó en febrero de 2022. Tras una reorganización del SAE, la empleada, con categoría de técnico de nivel F, pasó del servicio de orientación profesional al área de documentación y archivo, donde mantuvo su salario y categoría profesional.
La trabajadora sostuvo que las nuevas tareas correspondían a un puesto inferior y que recibía un trato distinto al de otra compañera. En 2024 consolidó su plaza como personal laboral fijo y pidió un cambio de puesto. La petición fue denegada. En marzo de 2025 presentó una demanda por vulneración de derechos fundamentales.
Por qué el tribunal desestimó el recurso
El Juzgado de lo Social número 5 de Almería desestimó la demanda. La Sala de lo Social del TSJA, con sede en Granada, confirmó esa decisión en la sentencia 1537/2026, de 18 de junio de 2026.
La Sala valoró que la compañera con la que se comparaba la demandante tenía formación específica para utilizar una herramienta de archivo. También consideró que las pruebas aportadas no acreditaban una conducta de hostigamiento.
Qué papel tuvieron los indicios
La resolución distingue las discrepancias sobre las tareas asignadas de las conductas reiteradas de presión psicológica, aislamiento o humillación con finalidad degradante. En los procedimientos por vulneración de derechos fundamentales, si la parte demandante aporta indicios fundados, corresponde a la parte demandada justificar las medidas cuestionadas de forma objetiva, razonable y suficientemente probada.
En este caso, la Sala consideró que los indicios no alcanzaban ese umbral y señaló que la discrepancia sobre las funciones profesionales podía plantearse por la vía laboral ordinaria.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado el recurso de una trabajadora del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Almería que reclamaba 10.000 euros por daños morales y psicológicos. La empleada denunció acoso laboral y discriminación tras un cambio de funciones, pero la Sala de lo Social consideró insuficientes los indicios de vulneración de derechos fundamentales.
De orientación profesional al área de archivo
El conflicto comenzó en febrero de 2022. Tras una reorganización del SAE, la empleada, con categoría de técnico de nivel F, pasó del servicio de orientación profesional al área de documentación y archivo, donde mantuvo su salario y categoría profesional.
La trabajadora sostuvo que las nuevas tareas correspondían a un puesto inferior y que recibía un trato distinto al de otra compañera. En 2024 consolidó su plaza como personal laboral fijo y pidió un cambio de puesto. La petición fue denegada. En marzo de 2025 presentó una demanda por vulneración de derechos fundamentales.
Por qué el tribunal desestimó el recurso
El Juzgado de lo Social número 5 de Almería desestimó la demanda. La Sala de lo Social del TSJA, con sede en Granada, confirmó esa decisión en la sentencia 1537/2026, de 18 de junio de 2026.
La Sala valoró que la compañera con la que se comparaba la demandante tenía formación específica para utilizar una herramienta de archivo. También consideró que las pruebas aportadas no acreditaban una conducta de hostigamiento.
Qué papel tuvieron los indicios
La resolución distingue las discrepancias sobre las tareas asignadas de las conductas reiteradas de presión psicológica, aislamiento o humillación con finalidad degradante. En los procedimientos por vulneración de derechos fundamentales, si la parte demandante aporta indicios fundados, corresponde a la parte demandada justificar las medidas cuestionadas de forma objetiva, razonable y suficientemente probada.
En este caso, la Sala consideró que los indicios no alcanzaban ese umbral y señaló que la discrepancia sobre las funciones profesionales podía plantearse por la vía laboral ordinaria.
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