La vivienda se ha convertido este jueves en uno de los principales focos de debate del pleno del Ayuntamiento de Cádiz, pero también en el escenario para poner rostro a algunas de las situaciones más extremas provocadas por la falta de un hogar estable. Dos mujeres, madres y vinculadas a Mujeres Vecinales, acudieron a la sesión para relatar ante los concejales las dificultades que atraviesan varias familias y reclamar respuestas concretas.

"Venimos todas a hablaros desde el alma. Somos madres desesperadas que sentimos que estamos al borde del precipicio", explicó una de ellas, que pidió a los miembros de la corporación que dejaran a un lado durante unos minutos sus cargos y competencias para ponerse en el lugar de las familias afectadas. Su intervención puso el foco especialmente en los menores que viven estas circunstancias y en las consecuencias que la inestabilidad habitacional está teniendo sobre ellos.

Los casos expuestos durante el pleno incluyeron a una familia que reside en un coche, otra que lo hace en una asociación de vecinos y otra que ocupa únicamente una habitación de un familiar que les reclama que la abandonen. También se habló de familias pendientes de un desahucio y de situaciones de ansiedad, autolesiones, amenazas y pensamientos suicidas. "Hablamos de nuestros hijos", resumió la mujer, que relató también las dificultades de algunas madres para garantizar incluso cuestiones básicas de la vida cotidiana.

Las dos propuestas planteadas por PSOE y Adelante Izquierda Gaditana fueron finalmente aprobadas por unanimidad. Una de ellas plantea conocer la titularidad pública y la situación de desocupación de diversas viviendas, mientras que la otra reclama medidas para atender situaciones habitacionales consideradas límite. Entre las actuaciones aprobadas figura comprobar el estado de una treintena de viviendas que Mujeres Vecinales sospecha que son públicas y se encuentran vacías, aplicar de forma efectiva el protocolo antidesahucios y establecer una coordinación urgente entre Procasa y Servicios Sociales.

El acuerdo contempla además que Procasa mejore la coordinación con la Junta de Andalucía para trasladar estos casos y estudiar conjuntamente los recursos y alternativas habitacionales disponibles. Las mujeres reclamaron que las distintas áreas municipales trabajen de manera conjunta. "Cuando una familia está al límite, no puede permitirse que las administraciones trabajen cada una por su lado", señaló una de ellas, antes de pedir al pleno que ayudara a que sus hijos "vuelvan a ser niños".

Otro enfrentamiento político

El debate sobre estas situaciones convivió con el enfrentamiento político en torno a la responsabilidad de las distintas administraciones en materia de vivienda. El alcalde, Bruno García, reprochó al Gobierno central "no haber construido ninguna vivienda pública en los últimos siete años" y contrapuso esa situación con las actuaciones que, según señaló, están impulsando el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en zonas como el Cerro del Moro.

García también se refirió a Navalips, donde, según recordó, se anunciaron 800 viviendas mediante un acuerdo entre el anterior alcalde, José María González, la ministra María Jesús Montero y el delegado de la Zona Franca, Fran González. El alcalde cuestionó que aquella iniciativa contemple 400 viviendas en renta libre y otras 400 de VPO en venta, frente al planteamiento inicial de alquiler social, y aseguró que "la realidad es que el gobierno de España ha hecho cero viviendas en la ciudad de Cádiz". Ante el anuncio estatal de 15.000 viviendas, reclamó que parte de esa inversión llegue a Cádiz utilizando los dos espacios de suelo cedidos por el Ayuntamiento.

El concejal socialista José Ramón Ortega respondió acusando al equipo de Gobierno de "enorme cinismo" y defendió que el Ejecutivo central ha puesto a disposición de las administraciones mecanismos de financiación para vivienda asequible, entre ellos el fondo España Crece y una línea del ICO dotada con 23.000 millones de euros. Ortega también reprochó al Gobierno municipal su gestión y recordó que la Junta de Andalucía lleva, según sus palabras, dos años sin resolver las deficiencias de las 60 viviendas entregadas en la ciudad durante los últimos ocho años.

En otro de los momentos más tensos de la sesión, la concejala de Vivienda y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán, respondió a las mujeres relatando su propia experiencia con la infravivienda en Cádiz y remontándose a 1981, cuando tenía siete años y acudía con su madre al Ayuntamiento para reclamar soluciones para el barrio del Mentidero. "Hablo de una realidad vivida en la piel. Comprendo perfectamente cada una de nuestras tragedias", afirmó. Sus palabras fueron cuestionadas por la oposición: Helena Fernández pidió "disculpas en nombre del pleno" por "el discurso de esta señora que me da vergüenza", mientras Ortega consideró que "Ana Sanjuán no ha entendido nada" porque, a su juicio, la intervención debía centrarse en encontrar soluciones para las familias.