El informe jurídico elaborado por Aguas de Cádiz a raíz de la polémica tesis del portavoz popular Ignacio Romaní declinan en que los pagos realizados por este como presidente de la empresa pública al profesor Carlos Guillén pudieron constituir al menos cuatro delitos. Dicho informe muestra indicios de que estos hechos, presuntamente, podrían ser constitutivos de delito de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a ente público a la par que hace referencia a falsificación documental tras las información aportada por la Universidad de Cádiz en su informe de respuesta a las preguntas remitidas por Aguas de Cádiz el pasado mes de abril.
Tras darse a conocer esta información, el presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, ha convocado para este miércoles, 13 de junio, un nuevo consejo de administración de la empresa municipal que abordará este asunto. De la Fuente ha explicado que "ante la contundencia de toda la información que se ha venido poniendo a disposición del Consejo y la aparecida en los medios de comunicación, y ante la necesidad y obligación de esclarecer estos hechos y el destino que tuvieron los 42.000 euros de dinero público, esperamos que el Consejo apruebe poner en marcha estas acciones pues podríamos estar ante otro caso más en el que historial del PP, con el presunto uso de los recursos públicos en su propio beneficio".
Además, el presidente de Aguas de Cádiz ha pedido "al PP de Teófila y de Juancho Ortiz, que han salido públicamente a defender a Ignacio Romaní en este caso, no sigan obstaculizando el esclarecimiento de estos hechos y actúe con responsabilidad ante la gravedad de lo que venimos conociendo ni traten de desviar la atención".
El PP lanza balones fuera
Por su parte, los populares han calificado de "cobardía" esta decisión por parte de De la Fuente. Asimismo, han señalado que el presidente de Aguas de Cádiz se escuda en el consejo "para no terminar imputado como los concejales de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, que son investigados por el juzgado de instrucción número 21 de Madrid por supuestos delitos de malversación de fondos públicos al utilizar recursos municipales para preparar informes que sustentaran llevar al juzgado un presunto caso sobre el Open de Tenis de Madrid".
El grupo popular ha señalado también que el informe jurídico realizado a petición de Aguas de Cádiz no es el primero que es tumbado en un juzgado y que "seguro que el alcalde y su jefe de Alcaldía, que se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo 22 de junio, recuerdan lo bien que le fue con el informe que Aguas de Cádiz encargó sobre el corte de agua en Loreto". En este mismo sentido indicaron que esta decisión de llevar los informes al consejo y no tomar la decisión por parte de Álvaro de la Fuente o el propio Equipo de Gobierno de presentar denuncia "no es más que un acto de cobardía del alcalde, que no quiere sentarse en el banquillo por segunda vez después de su procesamiento por el Caso Loreto"
Los populares lamentan también la "hipócrita cantinela del alcalde y su gobierno cuando hablan de la judicialización de la política, que siempre coincide con los momentos en los que son imputados o procesados, como les pasó a Martín Vila o Eva Tubío por denuncia falsa en el caso Matadero, y al propio alcalde y González Bauza por injurias y calumnias cuando llevaron a la Audiencia el informe de Loreto. Esta constante del gobierno local de ir a los juzgados y luego lamentarse de que se judicializa la política es algo ridículo que siempre, y en este caso será así, tendrá su justa contestación".
De esta forma, han reiterado hoy que en este asunto el único que ha dado explicaciones desde el primer día, es Ignacio Romaní, que está siendo sometido a una campaña de linchamiento por parte de Podemos en Cádiz "porque es la única oposición a los desmanes y desgobierno del alcalde, que –medio año después- sigue sin explicarle a los gaditanos el curioso caso de su compañero de comparsa, que se hizo con la taquilla de la Pista de Hielo que contrató el Ayuntamiento sin haberse presentado siquiera al concurso".
El grupo popular concluyó pidiendo al equipo de gobierno, "tan preocupado por las facturas de 2014, que explique las de 2016 que han pagado a afines de Podemos que acudieron invitados por este Ayuntamiento a pasar una semana de veraneo pagando comidas, dietas y viajes con el dinero de todos los gaditanos".
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