El caso Marisa o un paso más hacia la “privatización de Eléctrica de Cádiz”

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La extrabajadora de la empresa gaditana pide su readmisión tras ser contratada bajo una "fórmula ilegal de cesión" y los sindicalistas anuncian más movilizaciones.

Hace tres años, una madre soltera con dos hijos tomó una decisión que cambiaría su vida. Después de un tiempo trabajando para la empresa de capital mixto Eléctrica de Cádiz, utilizaron con ella una “fórmula ilegal de cesión” que acabaría con el caso en los juzgados y la madre en la calle. Marisa Silva es una trabajadora que a través de empresas de trabajo temporal (ETT) fue realizando funciones para Eléctrica de Cádiz hasta que “no pudieron hacerle más contratos por esta vía”.

Así lo narra el representante de Autonomía Obrera, José Martínez, exponiendo que “no se les ocurre otra cosa que externalizar el servicio que hacía Marisa a otra empresa y que ésta la contratara”. Según cuentan desde el sindicato, a pesar de estar contratada por otros, todo el trabajo lo realizaba para la empresa mixta (con casi el 55% de las acciones públicas), las oficinas "eran las de Eléctrica de Cádiz y hasta su contrato estaba supervisado por ellos”.

Desde 2002 estuvo la trabajadora realizando sus funciones de tres en tres meses con empresas temporales, pero “para Eléctrica de Cádiz”. “A consecuencia de mi embarazo, acabo la relación con la empresa, hasta que luego me fueron contratando de manera intermitente”, comenta la propia Marisa Silva. “Entré a trabajar por último en una empresa que realizaba los servicios de avisos en lo que ellos llaman el Centro de Control”, siendo otro ejemplo, según Marisa, de externalización de otro servicio que debe realizar la empresa.

Servicios externalizados

De manifiesto pone la trabajadora que cada vez son más los servicios que se derivan a otras empresas: “avisos, el montaje de contadores, mantenimiento, cambios de contador, el tráfico de cambio de comercializadora (ATR) o la captación de usuarios que se van”.  Con estos datos, Eléctrica de Cádiz “lo que está es cada vez más privatizada”, siendo una empresa que ofrece “un servicio público y esencial para cualquier familia”. Marisa Silva sostiene que, aunque es complicado, es “más que necesario” la “municipalización total” de la empresa.

Viendo la situación de ilegalidad, Marisa procedió a demandar por “cesión ilegal” en el verano pasado. La sentencia condenó a Eléctrica de Cádiz por “cesión ilegal, fraude en la contratación, despido improcedente y ofreció la posibilidad de ser readmitida en una de las dos empresas”. Aduciendo razones de orden económico, según el sindicalista, optó por el despido y no la readmisión. “Es una absoluta vergüenza por los beneficios que tiene la empresa de más de 10 millones de euros”, comenta Martínez.

El asunto trasciende al propio Consejo de Administración y allí se realiza una votación. El primer escollo es que David Navarro, como presidente del consejo, “llevo el tema sin tener el consenso suficiente”, pero lo “verdaderamente sorprendente” es que los dos votos del Partido Popular van a parar “al despido de Marisa”. “Cuando un responsable político no está en un lugar como ése para obedecer intereses mercantilistas como las empresas privadas”, lamenta Martínez.

Politización del caso

A partir inician una serie de medidas de presión para volver a convocarse el consejo e intentar cambiar el sentido del voto, como mínimo de los responsables políticos. Sin embargo, desde Autonomía Obrera critica la “politización” del asunto. “El equipo de gobierno está haciendo gestiones, pero no están poniendo todo el interés, porque así se le echa tierra encima al PP” y, por otro lado, lamenta que “el PP critique el asunto argumentando que Marisa pertenece a Podemos”.  Denuncia además que la relación de las personas que han entrado a trabajar “nunca ha sido pública”, sino que se hace a través de otras empresas. Los sindicalistas coinciden en la “falta de transparencia”, la “precariedad laboral que sufre Marisa y otros compañeros” y advierten sobre la “privatización total de la empresa”. 

A partir del día 9 de este mes, todos los miércoles pretende realizar concentraciones en las puertas de los diferentes edificios que tienen representación en el consejo, como son Unicaja, Endesa, PP, PSOE y Ayuntamiento para pedir que se vuelve a llevar el asunto y que se “readmita” la mujer, con dos hijos a su cargo. 

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