El gobierno de José María González Santos llega a la mitad de legislatura con el aval de reducción de la deuda y las acusaciones de falta de gestión.
Cuando se gobiernan dos décadas en una ciudad, cualquier cambio genera dudas, críticas y hasta decepciones entre los que esperaban más. Porque para implementar nuevas políticas hacen falta cambios estructurales o se corre riesgo de quedarse atrapado en la vieja estructura. Pero si se va a contracorriente, se corre el riesgo también de vulnerar la estabilidad de una sociedad hecha ya a unos modos y a unas maneras.
En este hilo de funambulista se ha movido el gobierno de coalición de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común que cumple dos años de legislatura en el Ayuntamiento de Cádiz con luces y sombras y opiniones encontradas: hay más o menos limpieza en la ciudad, menos inversión o menos despilfarro, según se mire, y se ha reducido la deuda. Una realidad incontestable de más de doscientos millones de euros que condiciona la capacidad de movimiento del Ayuntamiento pero que tampoco puede paralizarlo.
En esa nueva política que el gobierno de José María González Santos, Kichi, ha traído, destacan la apuesta por las energías renovables, la participación con mesas sectoriales, la elaboración de medidas en materia de vivienda como el protocolo antidesahucios, la ordenanza de alquiler justo o el observatorio de la vivienda, la apuesta por la peatonalización o el uso de la bicicleta, la remunicipalización de los servicios de playa, la concesión de microcréditos para la creación y consolidación de empresas y cómo no, la reducción del periodo de pago a los proveedores en 31 días.
Aunque no ha patrimonializado ese logro, el equipo de gobierno, junto con las demás formaciones políticas, y la sociedad civil ha conseguido que Europa diera marcha atrás en su decisión y terminase por conceder a Cádiz los fondos Edusi. Quince millones de euros para la transformación de los barrios de Cerro del Moro, Loreto, Guillén Moreno, Barriada de la Paz, Puntales y Segunda Aguada, con índices socioeconómicos que dan miedo, y que el alcalde considera fundamentales para que estos barrios tenga una integración real en la ciudad. Sobre su gestión González Santos se pronuncia de manera rotunda; "hay que ser muy astutos y presentar buenos proyectos para que no se pierda ni un céntimo de ese dinero público".
Pero cuando el ciudadano hace balance sobre los temas que más preocupan, Cádiz sigue sangrando por la vivienda y el paro. No se han acabado los desahucios y la ciudad sigue sin recuperar ese tejido industrial que otrora le dio gran riqueza. No son tiempos ya de grandes empresas que aglutinen a cientos de trabajadores ni los ayuntamientos tienen competencias en empleo, pero al gobierno de González Santos se les acusa de no hacer nada en este materia, como coincide toda la oposición. De no hacer atractiva la ciudad para posibles inversores, con ejemplos como el hotel en el Estadio, el mercado gastronómico, la reordenación del polígono exterior de Zona Franca o la actuación en Ibérica Aga.
Este gobierno también han recibido tirones de oreja, de organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos por la situación de emergencia habitacional, que no termina de solucionarse, y por la repetición del modelo asistencialista del Partido Popular en los servicios sociales municipales, que va camino de remodelarse.
Como ya ocurriera en la época de Teófila Martínez, hay proyectos urbanísticos que pasan por el entendimiento con otras administraciones y la apuesta efectiva de éstas. Es el caso de Valcárcel, llamado a convertirse en la nueva Facultad de Ciencias de la Educación, la Escuela Náutica, para la que la Junta no tiene ninguna alternativa, o el Olivillo, que se convertirá en un centro de transferencia empresarial. De la Junta también depende la Ciudad de la Justicia, en los antiguos Depósitos de Tabacalera, el nuevo-viejo (doce años de retraso ya) hospital, la estación de autobuses, que se supone que se debería abrir este mismo verano o la Residencia de Tiempo Libre, una de las cuestiones que evidencian las diferencias entre Por Cádiz sí se puede y sus socios de Gobierno, Ganar Cádiz en común. Un aspecto que ha caracterizado la relación de ambas formaciones desde el primer día de coalición hasta los últimos tiempos con la concesión de la medalla a la Virgen del Rosario. Si bien, ambas formaciones tratan estas diferencias de manera natural dentro del debate político.
Uno de proyectos urbanísticos y de movilidad en el que ha demostrado gran interés este gobierno, es el carril bici en consonancia con su apuesta por un nuevo de modelo de ciudad sostenible. Para Cádiz también quiere recuperar el alcalde el Balneario de la Palma y de su gobierno dependen en exclusiva proyectos como la remodelación del Pabellón Portillo, para el que el gobierno ha hecho un nuevo proyecto que dará comienzo en 2019, el teatro del Parque Genovés, para el que no hay perspectiva alguna y el Museo del Carnaval.
El tema del museo es uno los grandes objetivos pendientes en esta ciudad. Demandado por los aficionados a la fiesta desde tiempos inmemoriales, el proyecto continúa sin avanzar desde que el 10 de noviembre de 2002 se creara la Fundación 1884 Casa Museo del Carnaval de Cádiz. La última noticia fue la confirmación hace poco menos de un mes de que la subvención prevista para financiar parte del Museo del Carnaval, de un millón de euros, estará disponible este verano.
En cuanto al Carnaval se refiere, el nuevo Gobierno sí ha hecho cambios visibles y estructurales. Empezando por el Patronato que ha sufrido una revolución que se ha hecho de forma progresiva con el propósito de conseguir una mayor representación. Lo que era un órgano con un mando casi exclusivo de los coristas se ha convertido en un colectivo mucho más participativo con la presencia del resto de agrupaciones que concurren al COAC. Ello ha traído como consecuencia una pérdida de poder de la Asociación de Autores que ha quedado un tanto relegada en el organigrama de mando.
Esta reestructuración del Patronato ha tenido su consecuencia directa en el Concurso, un certamen que, tras la introducción de algunas novedades en 2016, ha vivido su auténtica transformación en 2017. El primer año de cambios vino marcado, indiscutiblemente, por la recuperación de la final a cuatro. Este año, las sesiones de clasificatorias se han acortado de manera considerable y además han mantenido el atractivo hasta el final, ya que la cabeza de serie era la que cerraba telón. Reseñable también el hecho de que el propio primer edil se haya responsabilizado de la elección del presidente del jurado, propuesta que, anteriormente, recaía en el propio Patronato. Como anécdota reseñar que fue, precisamente, la comparsa del alcalde, José María González, la que ganó la última edición en su modalidad bajo la denominación de Los irracionales.
Y sin duda, una de las novedades más destacables de este gobierno ha sido la desaparición de las ninfas. Al menos de momento han pasado a la historia y de hecho, en 2017 se eliminó su figura y la consiguiente proclamación de la Diosa. También en el capítulo de anécdotas habría que recordar el amago de instauración de un Dios de Carnaval para 2016, algo que al final no cuajó y que coincidió con la presencia de Adrián Martínez de Pinillos como responsable de la delegación de Participación Ciudadana. Posteriormente, volvió a convertirse en delegación de Fiestas ya con María Romay al frente.
Precisamente fue la gestión del Carnaval la que provocó este cambio de responsabilidades en el Gobierno, con una nueva organización que daba más poder a concejales como el de Hacienda, David Navarro. El último cambio al que se vio sometido el equipo de Gobierno de José María González fue la dimisión del entonces concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, tras ser reprobado en el Pleno municipal y denunciando por cinco operarios de la empresa de limpieza de presuntas irregularidades. González Bauza se fue y, finalmente, la Fiscalía archivó el caso.
Las idas y venidas a los tribunales se están convirtiendo en una constante en este último año. La crispación con la oposición, en especial con el Partido Popular, ha provocado que los populares hayan denunciado al alcalde por injurias en el caso Loreto y por el que será investigado. Desde el PP también se han anunciado una denuncia contra Podemos por la campaña la #TramaGaditana. Algo más relajada parece en los últimos tiempos la relación con el PSOE con los que desde un principio han tenido una relación difícil encuadrada además en las complicadas relaciones de sus partidos mayores. La #TramaGaditana que también retrata a Juan Manuel Pérez Dorao, portavoz de Ciudadanos, ha enfriado una relación que no tiene recorrido ideológico ninguno pero que hasta ahora había sido cordial.
Uno de los temas que más interés despertaba era el tratamiento que un gobierno de Podemos podría dar a la Semana Santa. Y así, pese a los malos augurios que se cernían sobre este delicado tema, lo único cierto es que se ha mantenido intacta en las cifras establecidas por el anterior gobierno del Partido Popular. En este sentido, incluso se ha producido un avance ya que se han acortado considerablemente los plazos de entrega con respecto a la anterior legislatura. La relación con las hermandades ha sido, en líneas generales, más que cordial e incluso se le ha podido ver contemplando los desfiles procesionales en la calle.
Sí que ha habido polémica en las relaciones poder político y religión. En su esfera personal, González Santos no ha ocultado su apego a la imagen del Nazareno desfilando incluso en la tarde del Jueves Santo acompañando a su madre. A nivel más global, hay que recordar su mediación para tratar de desbloquear el conflicto generado por el decreto que obligaba a la cofradía del Perdón a cambiar su tradicional hora de salida. Desde el punto de vista representativo su equipo de Gobierno no ha acudido en estos dos años a ocupar el lugar preestablecido en la presidencia que figura delante del paso del Regidor Perpetuo. Respecto a la Patrona tampoco se ha significado su grupo por acudir a los actos religiosos del 7 de octubre. Paradójicamente, recientemente ese mismo grupo aprobaba la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad de Cádiz.
Eso sí, no es oro todo lo que reluce. La celebración de la Magna Mariana del próximo 24 de junio ha abierto una fisura entre el equipo de Gobierno y el colectivo cofrade. Cruce de acusaciones por la falta de previsión que ha culminado con una pequeña brecha motivada por la decisión de la hermandad del Rocío de incorporar, en el desarrollo de la misma, una mula tirando del simpecado. Finalmente, la cofradía decidía retirarse del desfile al no aceptar la legislación municipal sobre el uso de animales en eventos promocionados por el Ayuntamiento.
José María González y los suyos también han cambiado a la hora de afrontar sus responsabilidades. Reconocía el otro día en este periódico su inexperiencia que han ido salvando a “base de golpes”, haciendo un máster o varias carreras para ponerse las pilas en lo que se refiere al aprendizaje del oficio.
Hace un año, el equipo de Gobierno celebraba una asamblea en la calle para explicar su primer año de mandato. Hoy el alcalde está en Madrid en el Congreso de los Diputados asistiendo como invitado a la moción de censura de Unidos Podemos contra el Gobierno de Rajoy. Y desde allí ha tenido un recuerdo a ese otro 13 de junio de 2015: “2 años del día que conseguimos echar al PP en Cádiz y empezamos a construir una ciudad más justa. Hoy, en el Congreso, hay que #EcharARajoy”.
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