CSIF ha acusado al Ayuntamiento de Cádiz de mantener una discriminación retributiva hacia su personal funcionario cuando se encuentra de baja médica. Según el sindicato, esta práctica vulnera tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que protege frente a la desigualdad salarial motivada por razones de salud.
El conflicto gira en torno al plus de productividad, recogido en el artículo 41 del acuerdo regulador municipal. Este complemento se abona al personal que cumple sus objetivos laborales y no falta al trabajo, salvo en casos de vacaciones, permisos justificados, matrimonio, accidentes laborales, maternidad, paternidad o embarazo de riesgo. Sin embargo, quedan excluidos los trabajadores con bajas médicas temporales, algo que para CSIF supone “una penalización económica por enfermar”.
Aunque CSIF no firmó el acuerdo al detectar “irregularidades”, según señalan. Hace unos días, estos sindicatos y el área de Recursos Humanos se reunieron en Comisión Paritaria para incluir como excepción las enfermedades oncológicas graves, de modo que las personas que las padezcan sí puedan percibir el plus. Pero esta modificación “sigue dejando fuera al resto de patologías”, critica CSIF, que cita casos como depresiones, lesiones de espalda o infartos.
Además, el sindicato recuerda que ningún trabajador está obligado a informar a la empresa de su enfermedad concreta, amparado por la normativa de protección de datos.
La organización sindical exige al Ayuntamiento y a los firmantes del acuerdo que anulen la aplicación del artículo 41 y abonen las cantidades no percibidas a los empleados afectados. “Es inaceptable que se castigue económicamente a quien enferma”, subraya CSIF, que ha puesto el caso en manos de su asesoría jurídica tras no recibir respuesta del Gobierno local.
