La Fiscalía ha presentado su escrito acusatorio sobre el accidente que tuvo lugar en octubre de 2023 frente a El Corte Inglés de Cádiz donde un autobús arrolló a varias personas y cuatro de ellas acabaron muriendo. La Fiscalía pide cinco años de prisión tanto para el empresario como para el conductor al entender que este realizó una conducción desatenta y distraída.
El Ministerio Público ha señalado que el conductor del autobús implicado en el accidente no cumplió con el descanso semanal obligatorio de 45 horas. Según el informe, el acusado acumuló dos descansos semanales reducidos consecutivos y solo realizó una pausa de 38 horas y 22 minutos. El día del siniestro, comenzó su jornada transportando escolares entre Medina Sidonia y Barbate, y alrededor de las 15:00 horas recogió a 23 estudiantes en Jerez de la Frontera con destino a la Facultad de Medicina de Cádiz.
En el momento del accidente, ocurrido sobre las 15:43 horas, el conductor circulaba por el tramo descendente de un puente a una velocidad de 105 kilómetros por hora. La Fiscalía ha subrayado que en ese instante el acusado actuó sin la diligencia exigible, mostrando una conducción distraída y desatenta. Además, a pesar de conocer las deficiencias del sistema de frenado del vehículo, no ajustó la velocidad a las condiciones de la vía ni al estado mecánico del autobús.
Podría haberlo evitado
El ministerio público sostiene que, a pesar de que la eficacia del sistema de frenos estaba significativamente reducida, existía la posibilidad de haber efectuado una maniobra de frenado adecuada. De haberse aplicado la presión correcta, el vehículo habría podido detenerse en una distancia de aproximadamente 152 metros, lo que habría evitado la colisión con el muro junto a un centro comercial y, en consecuencia, los atropellos que se produjeron.
A partir de estos hechos, la Fiscalía considera que tanto el conductor como el empresario responsable del vehículo incurrieron en una conducta de imprudencia grave. En consecuencia, califica el caso como constitutivo de cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, imputables a ambos.
Por ello, el ministerio fiscal solicita una pena de cinco años de prisión para cada uno de los acusados, así como el abono de indemnizaciones superiores a 500.000 euros en favor de las víctimas y sus familias.
