La presión vecinal en el barrio de Santa María de Cádiz ha comenzado a traducirse en actuaciones municipales tras las denuncias por el repunte del menudeo de droga y la creciente sensación de inseguridad en la zona. El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha visitado el barrio en dos ocasiones en menos de 24 horas para conocer de primera mano la situación y trasladar a los residentes las primeras medidas adoptadas por el Ayuntamiento.
El regidor recorrió el martes la zona junto al presidente de la Asociación de Vecinos de Santa María, Pepe Rodríguez, en un encuentro en el que varios residentes le expusieron sus principales preocupaciones. Durante la visita, los vecinos le señalaron distintos puntos donde, según denuncian, se estaría produciendo venta de droga, además de relatarle los problemas de convivencia e inseguridad que aseguran padecer en el día a día.
Tras ese primer encuentro, el alcalde anunció que había dado instrucciones para reforzar la presencia de la Policía Local en el barrio con el objetivo de incrementar la vigilancia en la zona. Asimismo, explicó a los vecinos que ya había trasladado la situación a la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, y solicitado la implicación de la Policía Nacional, al ser el cuerpo competente en materia de lucha contra el tráfico de drogas.
Este miércoles, García regresó de nuevo al barrio de Santa María coincidiendo con el desalojo de la finca situada en el número 12 de la calle Botica, uno de los inmuebles señalados por el vecindario como foco de conflictividad. La actuación se produjo mientras el alcalde mantenía un nuevo encuentro con los residentes, en el marco de las medidas emprendidas tras sus denuncias.
El desalojo responde a motivos urbanísticos y de seguridad, después de que en 2024 ya se emitiera un decreto que advertía de posibles problemas estructurales y riesgos para las personas en el inmueble. En el interior residían de forma irregular dos familias, que han sido desalojadas durante la intervención.
Fuentes municipales han indicado que los servicios sociales ya trabajan con ambas familias para valorar su situación y estudiar posibles alternativas habitacionales. En el operativo han participado efectivos de la Policía Local, técnicos de Urbanismo y personal de Asuntos Sociales, además del propio alcalde, que también mantuvo conversaciones con los afectados.
En otra parte de la finca existía un espacio en el que, presuntamente, se desarrollaban actividades vinculadas a la venta de droga, por lo que el cierre del inmueble permitirá clausurar uno de los puntos conflictivos denunciados por los vecinos. Paralelamente, se están ejecutando actuaciones para impedir nuevas ocupaciones en la vivienda.
Unas reivindicaciones "absolutamente justas"
Bruno García ha defendido que las reivindicaciones de los residentes "son absolutamente justas" y afirmó que la situación denunciada "no puede ser" y resulta "inadmisible". El alcalde subrayó que el Ayuntamiento actuará "por todas las vías de su competencia" para contribuir a mejorar la seguridad en el barrio y reiteró el compromiso municipal de mantener una presencia reforzada de la Policía Local en la zona.
No obstante, el regidor recordó que la competencia en materia de seguridad ciudadana frente al tráfico de drogas corresponde a la Policía Nacional, por lo que reclamó al Gobierno de España un refuerzo de medios para afrontar una problemática que, según trasladan los vecinos, se ha vuelto "insostenible". Mientras tanto, el Ayuntamiento asegura que seguirá presente en el barrio y en contacto permanente con los residentes para dar respuesta a sus demandas.