"Los mil usuarios del servicio de ayuda a domicilio en Cádiz seguirán recibiendo atención, de eso no hay duda. Seguiremos cumpliendo con los receptores".
Con esas palabras delataba el alcalde Bruno García la gravedad de la situación. Tan duro ha sido el golpe que sus primeras palabras son para decir que no hay peligro de suspensión del servicio, lo que significa que ese riesgo se ha barajado.
La nueva empresa concesionaria del servicio a domicilio, Óbolo, se hacía cargo del nuevo contrato público en agosto y a mediados de septiembre anuncia que lo deja, renuncia y se marcha.
La plantilla ni siquiera ha llegado a cobrar la primera nómina, la de agosto, y la firma confirma que lo deja a las cinco semanas
El nuevo acuerdo de servicio público a través de una empresa privada se presentaba hace apenas cinco semanas como una oportunidad para mejorar las condiciones de los trabajadores, sublevados hace meses contra la precariedad, y ampliar los servicios a los ciudadanos incluidos en el plan.
Las expectativas han quedado truncadas en cuestión de días. "Las personas que reciben esa atención no deben de tener duda de que se mantendrá el servicio. No podemos aclarar hasta cuando durará esta situación, cómo se sustituirá a esa empresa, eso está ligado a varios actos administrativos".
Los 200 euros de la discordia
El alcalde, Bruno García, achaca la renuncia de Óbolo a su negativa a aplicar una subida de 200 euros a cada trabajador que había sido pactada en la contratación. Estaba respaldada por una resolución del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla).
El equipo de gobierno considera innegociable aplicar ese incremento salarial, a través de un complemento "y así se le hizo saber a las dos partes, a la vez", recalca el alcalde.
La empresa no lo considera posible, afirma que ese pago es inviable, choca con la rentabilidad, con las cuentas. El desencuentro parecía garantizado y ha terminado en espantada de la firma concesionaria.
El portavoz del grupo municipal del PSOE, Óscar Torres, ya advertía el día 5 de septiembre del retraso en los cobros de las primeras nóminas de los trabajadores del servicio bajo la nueva firma concesionaria. Una semana después, se encuentra con la renuncia de la empresa.
El socialista señala al equipo de gobierno de Bruno García, como "el único responsable de esta situación provocada por la inacción y la nefasta gestión de un alcalde que da la espalda a los servicios públicos esenciales".
Torres recuerda que hay 300 trabajadoras sumidas en "la desesperación y la angustia" por no haber recibido su salario de agosto y escuchar que la empresa renuncia, por lo que su presente y su futuro laboral está en el aire.
"Bruno García tiene la obligación de ofrecer una respuesta inmediata y tranquilizadora a estas profesionales que cada día cuidan de nuestros mayores y personas dependientes".
"Llevamos años advirtiendo que el modelo de privatización es precario e inestable. La gestión pública directa es la única vía para garantizar unas condiciones laborales dignas para la plantilla y una prestación de calidad para los usuarios".
"El mayor lío que se recuerda"
El otro grupo de la oposición, Adelante Izquierda Gaditana, también habla de un "desastre anunciado". "El alcalde ha metido a la ciudad en uno de los mayores líos que se recuerdan".
Esta formación vuelve a insistir en la municipalización como única solución, una propuesta que ya hizo durante la larga serie de movilizaciones de las trabajadoras desde 2023.
El gobierno municipal "tiene herramientas administrativas para hacerlo y dispone del dinero. La situación es muy preocupante y lo más grave es que lo hemos advertido muchas veces".
"Municipalizar es la única solución, otros ayuntamientos ya lo han hecho. Si Cádiz no lo hace, el alcalde será el único culpable de la situación porque estará condenando a las trabajadoras y a las usuarias a esta situación de forma sistemática".