El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana (AIG) elevará al próximo Pleno ordinario de septiembre una moción relativa al servicio de Ayuda a Domicilio en Cádiz después de la denuncia pública del comité de empresa contra la nueva concesionaria, Óbolo.
La compañía asumió la gestión el pasado 1 de agosto y, según AIG, ya ha evidenciado “su menosprecio” hacia las trabajadoras, a quienes “insulta y precariza pagando mal y tarde salarios que no superan los 2 euros por el trabajo de todo un mes”. El concejal Carlos Paradas ha cargado contra el regidor: “El alcalde que se autoproclama como el ‘más social’ ha sido estafado y las consecuencias las están pagando las trabajadoras del servicio”.
Críticas a la concesionaria y al alcalde
El edil recordó que su formación ya advirtió al alcalde, Bruno García, de que esta situación podía darse al tratarse de “una empresa ‘pirata’ que ha sido noticia en distintas ciudades del país por cometer irregularidades”.
Ante lo que considera “inadmisible”, AIG pedirá en el Pleno que el Gobierno local intervenga “de manera inmediata” para “poner fin a este despropósito” y garantizar la mejora prometida a las empleadas.
Exigir cumplimiento y defender derechos laborales
La moción solicita que el Ayuntamiento de Cádiz obligue a la empresa adjudicataria a actuar “conforme a contrato y a la propia legislación”, respetando los derechos laborales de las trabajadoras. Según Paradas, en apenas mes y medio de gestión, Óbolo “ya ha vulnerado algunas de estas normas y prerrogativas legales”.
El concejal ha recordado que el Gobierno municipal es “máximo responsable del servicio de Ayuda a Domicilio” y que fue quien firmó el acuerdo en el Sercla, “por lo que debe actuar con contundencia y prontitud para velar y proteger a este colectivo al que ya han empezado a maltratar”.
Municipalización como “única solución”
En paralelo, la coalición de izquierdas volverá a exigir la municipalización del servicio, al considerarla “el único camino para dignificar las condiciones laborales de estas trabajadoras y ofrecer un servicio de mayor calidad al millar de personas usuarias”.
Paradas subrayó que esta medida es “perfectamente posible y asumible” y debe marcarse como objetivo tras lo ocurrido. “Ya advertimos a Bruno García en el pleno extraordinario del pasado mes de mayo que estaba dejando este servicio primordial en manos de una empresa que ha sido denunciada en diversas ocasiones por incumplimientos del convenio, nóminas incompletas, despidos sin finiquito, reducción salarial... y a pesar de ello el alcalde sacó pecho con esta adjudicación, tildándola de social”.
El edil concluyó que, “tras la gravedad de lo sucedido, debe exigir a la empresa que cumpla con el contrato y con las condiciones laborales de las trabajadoras, al tiempo que debe apostar de una vez por todas por la solución definitiva, que es la municipalización”.