Era el último pleno municipal del año en el penúltimo día del año. El límite administrativo para aprobar lo que se discutía era el 31 de diciembre así que nunca fue tan rigurosa la expresión "a última hora" utilizada casi a coro por la oposición municipal.
El motivo de discusión, ganada de antemano por la mayoría absoluta del Partido Popular, era la implantación de la llamada Zona de Bajas Emisiones, una limitación geográfica y ecológica que la mayoría de ciudadanos desconocen, no saben de qué se trata y les interesa lo justo.
En términos más accesibles, esa figura supone la creación de una zona acotada y señalizada en la que sólo pueden entrar determinados coches.
Estaría abierta sólo a los que contaminen menos (o nada) por el tubo de escape (eléctricos, híbridos, con catalizadores especiales), bien los que estén a nombre de personas empadronadas en esas áreas o vías públicas, con lo que el número total de tubos de escape baja.
Verdes pero poco, lo justo y necesario
Es una política impulsada por la Unión Europea para proteger a los vecinos de los cascos históricos que cada gobierno nacional ha hecho suya. Hay fondos europeos, dinero comunitario, asociado a que ese plan se cumpla.
Primer motivo para que el Ayuntamiento de Cádiz acoja la medida con el entusiasmo justo, el mínimo imprescindible para pasar por caja: la cosa viene de las huestes de Pédro Sánchez e indigna especialmente a las filas de Vox. Por tanto, es anatema, casi blasfemia política.
Segundo motivo, es un proyecto teóricamente antipático, impopular, genera controversia y, por tanto, puede restar votos.
Contenta a los residentes en esas zonas históricas pero puede cabrear, por limitante, a turistas, efímeros o de segunda residencia y a trabajadores que se mueven en coche por municipios distintos al suyo.
Una medida algo antipática
Los últimos grupos suman más gente que el primero en tiempos de turismo desbocado así que las cuentas electorales no dan para recibir este tipo de planes con aplausos unánimes. Contaminar da votos, contener la contaminación los quita.
El grupo popular, por tanto, adoptaba este último martes de 2025 la postura más salomónica posible y, en tiempos de mitología religiosa, se lavaba las manos a lo Pilatos. Propone, y aprueba, una zona libre de emisiones que es todo un paripé, un simulacro sin apenas limitaciones ni sanciones.
Las dos zonas de bajas emisiones en la ciudad de Cádiz quedan en el Paseo Marítimo y el casco histórico salvo las avenidas que lo circundan. En esas dos áreas no podrían entrar según qué coches. A la hora de la verdad, serán muy pocos los expulsados.
Cuando a la previsión se añaden las excepciones puede comprobarse que lo aprobado es casi nada. Para empezar, no afectará a ningun coche registrado como propiedad de una persona empadronada en Cádiz.
Además, la mínima limitación comienza con seis meses de bula general en los que no habrá sanciones para nadie, sólo recordatorios y mensajes informativos, preliminares.
Una vez haya pasado ese medio año (se calcula que, al menos, en julio porque hay que esperar a la publicación en el BOP para empezar la cuenta atrás) sólo serán sancionados los vehículos que vienen de fuera de la ciudad. Y algunos.
Serían multados sólo si pisan esas zonas y no tienen las etiquetas Cero, Eco o C. Todos los vehículos eléctricos, híbridos y de gasolina pero con catalizadores nuevos pueden seguir circulando libremente. Todos los de Cádiz, echen el humo que echen, también.
Tan sólo estarán vetados los que figuran como "no gaditanos" y, a la vez, contaminen mucho. Es decir, serán los menos y los más antiguos, matriculados antes de 2010.
¿Para qué más?
El debate era tan descafeinado que ni siquiera participaron los primeros espadas de cada grupo político. El concejal José Manuel Cossi buscó amparo en "la sensatez" para no aplicar "medidas más estrictas porque todos los estudios dicen que la calidad del aire en Cádiz es buena".
La concejala de Adelante Izquierda Gaditana, Vanesa Sibón, se limitó a resaltar la evidencia, que el Ayuntamiento de Cádiz aprueba la norma por obligación, "tarde y mal".
Según su argumentación, lo hace para poder cumplir con la normativa europea y así tener derecho a los fondos económicos que supone pero traicionando el espíritu de la normativa hasta donde es posible.
El socialista José Ramón Ortega acusa al equipo de gobierno de promover una ordenanza "para seguir contaminando, con falta de ambición y miedo a la participación".