El Ayuntamiento ha aprobado una moción en la que insta a Marruecos al cumplimiento de los derechos humanos en las movilizaciones pacíficas que se están sucediendo en la zona.
Separados por un estrecho Cádiz vuelve la mirada hacia el país vecino donde desde hace meses la población del Rif se ha echado a la calle para denunciar sus condiciones de vida y la represión de la que están siendo objeto. Por eso, el Ateneo Libertario Fermín Salvochea, al que luego se han unido APDH-A, Agaden, Ecologistas en Acción, CGT-Cádiz, SAT-Cádiz, USTEA-Cádiz, CEAR, Tejiendo la Vida en Verde y Lila, La Levantera, Amigas al Sur, el Comité Óscar Romero o el PCA-Cádiz, propuso una iniciativa, que fue recogida por los grupos de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en común, para que el Ayuntamiento de Cádiz debatiese esta cuestión. En concreto, para que el Pleno se declarase a favor del cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado marroquí en relación con la población del Rif. Y los cinco partidos políticos le dieron el sí a esta propuesta.
Desde el Ateneo recuerdan que estas protestas comenzaron a raíz de la muerte del joven vendedor de pescado Mouhcine Fikri, triturado en un camión de basura cuando intentaba recuperar la mercancía que la policía le había requisado y arrojado en él. “Este hecho despertó la indignación popular en Alhucemas, donde ocurrió y en su localidad natal, Imzourem. Se sucedieron algunas manifestaciones solicitando la depuración de responsabilidades, que se resolvieron a medias, con penas a algunos de los responsables de cinco meses. Los rifeños enlazaron este hecho con las condiciones de vida que llevan, pues el Rif es una zona marginada por el Estado marroquí. Para empezar, la zona lleva militarizada desde 1958. En las reivindicaciones por derechos sociales aparecieron pronto el fin de esta situación y la creación de una universidad y de un hospital oncológico, en una región azotada especialmente por el cáncer, hecho que suele vincularse con los bombardeos con gas propiciados durante la Dictadura de Miguel Primo de Rivera, en las guerras coloniales”.
Argumentan que “el gobierno marroquí no solo no está atendiendo las reclamaciones, sino que, pese a que desde 2011 se incluyó en la Constitución el derecho a manifestación, está practicando una represión arbitaria con detenciones masivas (se calcula que ya son más de 300 los detenidos) y selectiva: destacan las detenciones del líder del movimiento, el joven Nasser Zafzafi, de la cantante Silya Ziani, y de blogueros y periodistas como Mohamed Hilali. Se calcula en 14 los periodistas detenidos, hecho que ha sido condenado por la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que solicitan mayor presión de la UE y España para que Marruecos cumplan los Derechos Humanos. Se denuncian desde allí que los abogados encuentran dificultades para entrevistarse con los detenidos; que estos están siendo llevados para ser juzgados a Casablanca, muy lejos de sus familias, a las que además, se les prohíbe utilizar el tamazigh (lengua oficialmente reconocida) en las visitas; torturas; y que se les están interviniendo las comunicaciones. Ya son, al menos, 32 las personas condenadas a 18 meses de cárcel, entre ellas, que se sepa, dos alumnos de instituto”.
En este análisis, el Ateneo concluye además que “la dura represión es uno de los factores del repunte de inmigración irregular en España que se está produciendo en estas últimas semanas, con al menos cuatro solicitudes de asilo político”. Y llaman la atención sobre que “la represión, pese a los intentos del gobierno marroquí de tildar a los manifestantes de separatistas, ha despertado la solidaridad en el resto del país: el 11 de junio hubo una manifestación en Rabat que convocó en torno a 15.000 personas y en ciudades como Bruselas, Ámsterdam, Montpelier, Barcelona, Madrid o Murcia se han producido concentraciones y manifestaciones en solidaridad. En los ayuntamientos de Barcelona o Murcia ya se han debatido declaraciones institucionales a favor, entre otras cuestiones, del cumplimiento de los Derechos Humanos”.
“Cádiz y Andalucía tienen vínculos históricos, sociales y económicos con nuestro vecino del Sur, y específicamente con la región del Rif. Desde que Salvochea hallara refugio entre los rifeños tras su fuga del Peñón de la Gomera hasta el hecho de que son muchos los gaditanos y gaditanas que viajan a la zona, estableciendo lazos de amistad y hermandad con sus habitantes y son muchos los y las marroquíes y rifeños que han vivido o viven en nuestra ciudad, provincia y comunidad”. Los lazos económicos e instituciones existen, “dado que la Junta de Andalucía promueve en la zona planes de desarrollo”. Por eso, “la estabilidad democrática de Marruecos es garantía de estabilidad democrática aquí, permitiendo una mayor profundidad en la calidad democrática y en la confianza económica, social e institucional entre ambos países”.
Con esta declaración, que salió aprobada por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, se busca que “los rifeños no se sientan aislados, sino arropados, en relación a sus derechos como personas y vehicular la necesaria presión internacional sobre el Reino de Marruecos, no como injerencia externa, pero sí en cuanto al tratamiento de los problemas con garantías jurídicas y respeto por los derechos humanos”.