El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha valorado este martes la noticia conocida el pasado lunes sobre la petición de la Fiscalía de 18 años de inhabilitación para el exalcalde José María González, 'Kichi', en el marco del conocido como caso del 'asesor fantasma'.

Según ha explicado el regidor gaditano, tras conocerse esta información "lo que exigimos, lo que reclamamos y yo creo que lo que es lógico que los ciudadanos reciban son explicaciones, explicaciones". García ha matizado que, aunque sean los tribunales quienes finalmente deban dirimir el caso, considera lógico que quienes formaron parte de aquel equipo de gobierno "den explicaciones sobre lo ocurrido", al tratarse de un asunto que califica como "complejo" y "grave".

El alcalde ha querido situar el origen de esta causa judicial fuera del ámbito estrictamente político, recordando que "esto no es lawfare, esta denuncia no nace del Partido Popular ni de un partido, nace de un sindicato de izquierda, de CCOO" que detectó actuaciones que consideró inadecuadas durante el mandato del anterior gobierno municipal. A partir de esa denuncia, ha explicado García, es la Fiscalía la que ahora solicita la inhabilitación del exregidor, lo que a su juicio otorga al caso la suficiente solidez procesal como para exigir respuestas claras. "Es un tema suficientemente importante, súper suficientemente sólido en el momento procesal en el que estamos como para que se den explicaciones y explicaciones de verdad", ha afirmado.

Tres preguntas directas a 'Kichi'

En su comparecencia, Bruno García ha planteado tres cuestiones concretas que considera imprescindible aclarar. La primera de ellas gira en torno a la contratación del asesor: "¿Para qué el Gobierno anterior puso una persona, un privado o alguien de su equipo, un comisario a tratar temas de contratación? Cuando eso es algo de contratación pública, que lo propio nombre lo dice, tiene que ser público y lo tienen que hacer los funcionarios", ha cuestionado el alcalde, insistiendo en que no encuentra justificación para la incorporación de esta figura a la estructura municipal de contratación.

En segundo lugar, el regidor ha reclamado conocer con detalle cuál fue la actuación concreta de esa persona dentro del Ayuntamiento: qué contratos estudió, qué aportó o qué tareas llegó a desempeñar. "Eso es muy importante para nosotros. El por qué y qué es lo que se estudió", ha señalado. Como tercera cuestión, García ha preguntado directamente a la actual oposición municipal si va a adoptar "alguna medida" al respecto, recordando que dos de sus integrantes, situados en los puestos 10 y 27 de la candidatura, ya conocían que estaban siendo investigados e imputados cuando se presentaron a las elecciones, y que en su momento "renunciaron a su código ético".

Críticas al "caso fantasma" y a la respuesta institucional

El alcalde ha sido especialmente crítico con la explicación ofrecida hasta ahora sobre el papel desempeñado por el asesor, a la que ha calificado de "bastante básica y bastante simplona", y que, a su juicio, "no resuelve la duda, la mucha duda que tiene esta ciudad". En este sentido, ha cuestionado la propia denominación popular del caso: "Les quiero recordar que esto se llama, le llaman, el caso fantasma. Pero realmente no es el caso fantasma. El fantasma es cuando no se ve. Aquí existe, existe una persona", ha remarcado, refiriéndose a la figura del asesor investigado, al que ha calificado como "comisario de Kichi, comisario político", señalando además que, según su información, esta persona formaría actualmente parte de la estructura de otro partido político.

Con estas declaraciones, Bruno García ha cerrado su intervención insistiendo en la gravedad del asunto: "Es un tema lo suficientemente grave como para que nos lo expliquen. Además, nosotros estamos pidiendo explicaciones, porque es un tema muy grave".

Una petición de 18 años de inhabilitación y multa de casi 11.000 euros

Las declaraciones del alcalde llegan después de conocerse que la Fiscalía ha solicitado formalmente 18 años de inhabilitación especial para cualquier cargo electivo contra José María González 'Kichi', al que acusa de dos delitos continuados de revelación de secretos y prevaricación por la actuación de un asesor vinculado a su partido durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Cádiz. Junto al exalcalde, el escrito de acusación remitido al juzgado señala también como acusados a David Navarro González Santos, José Vicente Barcia Magaz, José Ramón Páez Pareja y Laura Jiménez Ortega.

Además de la inhabilitación, el Ministerio Público reclama para el exregidor una multa de 18 meses con una cuota diaria de 20 euros, lo que supondría un total aproximado de 10.800 euros. La petición se enmarca en el conocido como caso del 'asesor fantasma', que mantiene su recorrido judicial tras la investigación desarrollada por el juzgado número 2 de Cádiz.

El origen del caso: un asesor sin puesto oficial

Según el relato de la Fiscalía, en 2018 el equipo de gobierno de entonces "tenía cubierto el cupo de asesores" y habría urdido "un plan" para contratar como asesor jurídico del Grupo Municipal Por Cádiz Sí Se Puede a Fernando García Acuña. El Ministerio Público considera a Kichi autor de un delito de prevaricación y otro de revelación de secretos por haber mantenido en el Consistorio a García Acuña como persona de confianza, sin que su cargo ni puesto figuraran en ningún sitio y sin competencias para intervenir en asuntos de contratación ni para dar órdenes a los funcionarios municipales, según recoge la acusación.

De acuerdo con la investigación, García Acuña habría desempeñado estas funciones, incluso con despacho propio, entre abril de 2018 y abril de 2019. Posteriormente ejerció como interino durante algunos meses, después de que el equipo de gobierno de Podemos ampliara de una a tres las vacantes disponibles para darle cierta cobertura administrativa. La Fiscalía sostiene además que el asesor tuvo acceso a información reservada por "orden directa" tanto de 'Kichi' como de otros miembros de su equipo de gobierno, pese a no contar con competencia alguna para ello. Actualmente, Kichi trabaja como profesor de instituto, una actividad que podría seguir ejerciendo en caso de condena, aunque no podría acceder a ningún otro puesto político.