La Fiscalía solicita doce años de inhabilitación para Baldomero Martínez Carretero, alcalde de Felix (Almería), por la creación de una agrupación municipal de Protección Civil cuyos miembros habrían terminado desempeñando funciones propias de la seguridad ciudadana. Y no durante unos días. Según la acusación, esta situación se prolongó durante casi tres años, con dos personas que utilizaban uniformes similares a los de la Policía Local y un vehículo perteneciente al Ayuntamiento.

El regidor está acusado de un delito continuado de prevaricación administrativa y deberá comparecer ante la Justicia el próximo 2 de diciembre en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Almería, según la documentación judicial a la que ha tenido acceso EFE.

El Ministerio Público sostiene que el alcalde impulsó la creación de esta agrupación sin seguir los procedimientos exigidos por la normativa y que, posteriormente, nombró a dos personas que acabaron asumiendo responsabilidades relacionadas con el tráfico, la vigilancia de eventos públicos y la seguridad ciudadana.

Una agrupación creada en 2021 y casi tres años de funciones policiales

El origen de los hechos se sitúa en el 28 de octubre de 2021. Aquel día, Martínez Carretero, en su condición de alcalde, publicó un anuncio en el portal web del Ayuntamiento de Felix para someter a consulta pública previa la aprobación del reglamento de una agrupación municipal de voluntarios de Protección Civil.

Sin embargo, según el escrito de acusación, el procedimiento no se desarrolló conforme a las exigencias legales. La Fiscalía sostiene que, entre aquella fecha y el 26 de noviembre de ese mismo año, el regidor nombró a dos personas para desempeñar funciones dentro de la agrupación, sin completar los trámites necesarios.

Lo que inicialmente debía ser una organización municipal de voluntariado acabó convirtiéndose, siempre según la tesis del Ministerio Público, en un dispositivo cuyos integrantes realizaban tareas de seguridad ciudadana.

La acusación sitúa estas actuaciones durante los años posteriores y al menos hasta mediados de 2024. En ese periodo, los dos integrantes habrían intervenido en eventos públicos y desarrollado labores relacionadas con la regulación del tráfico.

Para hacerlo, habrían utilizado ropa semejante a los uniformes de los agentes de la Policía Local y un vehículo del propio Ayuntamiento.

Sin seguro, sin presupuesto y sin autorización para utilizar el vehículo municipal

Las presuntas irregularidades señaladas por la Fiscalía no se limitan a las funciones que desempeñaban estas dos personas. El escrito de acusación también cuestiona el procedimiento seguido para poner en marcha la agrupación.

Según el Ministerio Público, no se tramitó ningún procedimiento legal para constituir la organización municipal de Protección Civil, ni se cumplieron los requisitos establecidos para nombrar a sus integrantes.

A ello se suma otra circunstancia: la ausencia de un seguro de responsabilidad civil que cubriera posibles accidentes relacionados con las actividades desarrolladas por los voluntarios.

La Fiscalía señala igualmente que no existía documentación que precisara las funciones concretas que debían asumir estas personas. Tampoco se habría tramitado la autorización correspondiente para utilizar un vehículo oficial del Ayuntamiento en el desarrollo de sus actividades.

El escrito recoge, además, la inexistencia de un presupuesto económico destinado a financiar las actuaciones propias de la agrupación de Protección Civil.

Todas estas circunstancias llevan al Ministerio Público a considerar que tanto la constitución de la agrupación como los nombramientos posteriores y las tareas realizadas por sus integrantes se desarrollaron al margen de los requisitos previstos en la normativa.

Doce años de inhabilitación y juicio el 2 de diciembre

Por estos hechos, la Fiscalía atribuye a Baldomero Martínez Carretero un delito continuado de prevaricación administrativa y reclama una pena de doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La petición incluye también la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, es decir, para presentarse como candidato a unas elecciones, así como el pago de las costas procesales.

Será el próximo 2 de diciembre cuando el alcalde de Felix se siente en el banquillo para responder por los hechos que le atribuye la acusación.