El abuelo materno de Luca, el niño encontrado muerto en una playa de Garrucha (Almería), ha manifestado su intención de solicitar la custodia del bebé que su hija está gestando, con el objetivo de evitar que el recién nacido quede bajo su tutela cuando llegue al mundo. La madre, embarazada de cinco meses, permanece en prisión provisional tras la decisión adoptada por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera.
Tanto la madre de Luca como su pareja, también en prisión, se encuentran en la misma situación judicial y están siendo investigados por un presunto delito de asesinato y otro de maltrato habitual, a la espera de que avancen las diligencias y se levante el secreto de sumario. El abuelo materno, que tiene previsto personarse en la causa este martes, ha transmitido a su abogado una postura firme al afirmar que “vamos a sacar la verdad y, si mi hija ha sido la culpable, que lo pague”. A pesar del vínculo familiar, insistió en que ha solicitado que “caiga todo el peso de la ley” sobre los responsables.
"Un fracaso absoluto" de las instituciones
El representante legal del abuelo denunció días atrás lo que consideró un “fracaso absoluto” de las instituciones públicas en la protección del menor. Según su versión, existían señales evidentes de maltrato y absentismo que no habrían sido atendidas por el centro escolar ni por las fuerzas de seguridad antes del crimen, hechos sobre los que pidió una revisión exhaustiva.
En referencia a esas señales, el abogado explicó que “en el centro educativo veían que el niño llevaba hematomas, que llevaba un brazo encabestrado por una fractura, y no hicieron nada”, cuestionando por qué no se activaron los protocolos de absentismo o de protección infantil pese a la gravedad de los indicios. Para él, la falta de actuación previa pudo agravar la vulnerabilidad del menor.
También sostuvo que la madre y su pareja “nunca llevaron al niño al médico” para evitar que los facultativos detectaran lesiones y pusieran en marcha los mecanismos de alerta sanitaria. Este comportamiento, afirmó, habría dificultado que los servicios sociales conocieran la situación real del niño y actuaran a tiempo para protegerlo.
A la espera de los avances en la investigación judicial, el entorno familiar ha reiterado su preocupación por el futuro del bebé que está por nacer y ha insistido en la necesidad de reforzar los sistemas de detección temprana y protección de menores.