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Un matrimonio de 55 y 54 años de edad acusados de recibir más de 90.000 euros por la compensatoria de jubilación otorgada por la Diputación de Cádiz a uno de sus padres.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Cádiz a un matrimonio de 55 y 54 años de edad acusados de cobrar más de 90.000 euros durante diez años por la pensión compensatoria de jubilación otorgada por la Diputación de Cádiz a uno de sus padres, el cual lleva fallecido en 2007. En un comunicado, la Policía ha explicado que la investigación se inició a raíz del requerimiento realizado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz para esclarecer la denuncia interpuesta por la asesoría Jurídica de la Diputación sobre los cobros de un trabajador prejubilado que no había contestado a los requerimientos sobre la revalorización de la pensión de la Seguridad Social.

Los servicios de la Diputación Provincial se pusieron en contacto con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para preguntar sobre el estado del pensionista recibiendo como contestación que había causado baja por fallecimiento. La tesorería de la Diputación intentó sin éxito recuperar el pago abonado al fallecido debido a que alguien lo había extraído de la cuenta corriente donde se realizaba el ingreso. La investigación realizada ha permitido descubrir que la pensión era ingresada en la cuenta del fallecido en la que estaban autorizada su hija, y donde se cobraba un préstamo, además de realizar otros pagos y realizar retiradas de dinero en efectivo.

Igualmente, los investigadores determinaron la participación del marido de la hija, por cooperar en los hechos investigados, el cual en varias ocasiones recepcionó las notificaciones procedentes de la Diputación para que se le informara sobre la revalorización de la pensión de jubilación. Así pues, tras recabar las pruebas incriminatorias que determinaban la presunta autoría de los investigados como presuntos responsables de un delito de apropiación indebida y falsedad documental. Una vez finalizado el atestado policial, ambos cónyuges, detenidos como presuntos autores de los delitos de apropiación indebida y falsedad documental, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia en Cádiz.

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Estefanía Escoriza

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