En los últimos años y especialmente tras la crisis económica del 2008, la viabilidad del sistema público de pensiones se ha puesto en cuestión. Entre los motivos, la disminución de las cotizaciones sociales, el número de cotizantes y el aumento del pensionistas dado el envejecimiento progresivo de la población. Así, en los discursos y programas políticos de los partidos emergentes, la cuestión de las pensiones ha sido centro del debate. Sin embargo, parece que ha nadie dado en la tecla y poco o nada se sabe de cómo se garantizará el sistema para nuestros mayores en el futuro. A comienzos del siglo XX, la seguridad social parecía una quimera. De hecho, no fue hasta 1919, durante el Trienio Bolchevique, cuando el Gobierno obligó a asegurar a todos los trabajadores.
"La eventual obligatoriedad del seguro social de vejez ofrecía algunas ventajas que la señalaban como un instrumento óptimo de pacificación social", sostiene el investigador Alexander Elu Terán, del Instituto Europeo de Florencia en un trabajo denominado Las primeras pensiones públicas de vejez en España. Un estudio del Retiro Obrero, 1909-1936. Era obvio. El creciente clima de tensión social y política de los últimos años de la Restauración Borbónica y del turnismo, estaba detrás de algunos de los logros más importantes de la clase trabajadora en la Historia Contemporánea de España. La movilización de las organizaciones sindicales obreras y las continuas huelgas, como la de la Canadiense en Barcelona, lograron éxitos como la ansiada jornada laboral de ocho horas el 8 de abril de 1919. En pleno desarrollo de aquella huelga motivada por la CNT, el gobierno conservador de Antonio Maura aprobó un seguro que se llamaba "retiro obrero obligatorio".
El retiro obligatorio puede considerarse como la primera conquista de los trabajadores hacia un sistema público de pensiones. El seguro se llevó a cabo dentro del Instituto Nacional de Previsión (INP), un órgano creado en 1908 con objeto de implantar un sistema de previsión de los riesgos sociales y precedente de la Seguridad Social que conocemos hoy día, formada en el año 1963. Dicho retiro obligatorio, destinado a asalariados entre 16 y 65 años, consideraba a la vejez como una invalidez por razones de edad y su financiación era compartida entre la empresas y el Estado. Una circunstancia, cabe recordar, que ni agradó a la patronal ni a los propios trabajadores, que vieron el subsidio como insuficiente. Buena parte de ellos, especialmente los trabajadores del campo, quedaron excluidos tal y como defendió el diputado socialista Andrés Saborit en una intervención en el Parlamento que hacía mención al caciquismo, uno de los ejes vertebradores de la época: "Los trabajadores del campo, que no han visto la figura del Estado sino cuando ha ido al municipio un representante del poder central que no les ha dejado vivir, un caciquismo indignante, la Guardia Civil, las persecuciones personales. ¿Qué fe le van a tener a estas leyes?".
La Huelga de la Canadiense, en Barcelona.
Lo cierto es que la medida fue promovida por el Conde de Romanones, uno de los grandes terratenientes de la época y presidente del Consejo de Ministros en aquel momento. El fondo establecía la aportación de 36 pesetas por parte del empresario y de 12 pesetas anuales por el Estado. Una aportación total de 48 pesetas por trabajador y año que los pensionistas solo podrían cobrar a partir de los 65 años. Si el obrero aportaba una cuota al seguro, la pensión final aumentaba. El objetivo era que los obreros que percibieran una remuneración menor de 4.000 pesetas anuales, y hubieran estado 20 años cotizando pudieran retirarse a razón de una pensión de una peseta al día. Sin embargo, en una España en la que la esperanza de vida en 1920 superaba a duras penas los 35 años, la medida iba a dejar a la mayoría de los trabajadores por el camino.
4.000 seguros de los Astilleros de Cádiz, en el Archivo Histórico Provincial
El Archivo Histórico Provincial de Cádiz guarda los libros padrones del seguro obrero, donde contiene los registros del régimen obligatorio de retiro. Este archivo histórico contiene los listados completos de altas y renovaciones de trabajadores desde 1921 a 1946 en conocidas empresas de la provincia: las bodegas jerezanas de Domecq y González Byass, el Ayuntamiento de Jerez, la Sociedad Echevarrieta y Larrinaga Astilleros de Cádiz, la Asociación Patronal del Comercio, Industria y navegación de Cádiz, la Sociedad española de construcción naval de Matagorda de Puerto Real o agrupaciones de obreros agrícolas en numerosos pueblos, como El Bosque, Grazalema, Ubrique, Villamartín o Puerto Serrano.
La lista del seguro obrero obligatorio de los Astilleros de Cádiz, del Archivo Histórico Provincial.
Uno de los registros más interesantes es el de los Astilleros de Cádiz, de la empresa Echevarrieta y Larrinaga. En este se observan un total de 4.000 seguros de trabajadores entre 1922 y 1939, en cuyo asiento aparece los nombres y apellidos de los obreros, los de sus padres, el trabajo a desempeñar, la edad y su procedencia. Cada trabajador materializaba en el ingreso una cuenta individual en la Caja de Seguros Sociales y de Ahorros de Andalucía Occidental, donde se apuntaban los días de trabajo de cada mes. En teoría al final de la vida laboral, se cobraría la pensión total en base hasta 365 pesetas.
De esa forma, cada trabajador, "en el mes siguiente a su cumpleaños", tal y como indica el Archivo Histórico Provincial, podía solicitar a la Caja un certificado que acreditara el número de días trabajados reconocidos en el año que le precedía. Una rica documentación que ha recopilado para este Primero de Mayo como documento del mes su director Santiago Saborido a través del Facebook del archivo, dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Parte de sus ficheros, símbolo de una época clave para el movimiento obrero, pueden ser consultados aquí.
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