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Según el auto, la investigación judicial apunta a presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental por la concesión de ayudas públicas de la Junta de Andalucía para financiar expedientes de regulación de empleo y pólizas de prejubilación

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"La defensa de la educación pública no se defiende con eslóganes o mensajes políticos, sino con hechos como el del IES Lola Flores, donde antes había barracones y ahora habrá un edificio donde los niños estudien en condiciones"