La Junta de Andalucía elaboró un informe a finales de marzo en el que puso negro sobre blanco que las estaba pasando canutas para adquirir material de protección. Sin ser una de las comunidades más castigadas por el coronavirus, sí es una en las que en mayor proporción se han contagiado los sanitarios, que representan alrededor de la mitad de los positivos detectados en algunas zonas, como Cádiz. De hecho, oficialmente, entre residencias de ancianos y profesionales de la salud, prácticamente no ha habido focos de contagio graves en la comunidad en dimensiones de la importancia de otras zonas del país.
A 12 de junio, los positivos son de unos 17.600, que han costado la vida a 1.429 personas. Muy inferior a la de otras zonas de la misma envergadura que Andalucía dentro de España o en otras regiones del mundo. Y, con todo, la Junta se las vio y se las deseó para obtener material de protección suficiente como mascarillas, batas, gafas protectoras o guantes. El mercado internacional estaba en el mes de marzo colapsado, debido al aumento de demanda desorbitado. La producción mundial se ha multiplicado, por lo que se va dando respuesta a las necesidades que siguen surgiendo en multitud de países.
El informe de la Junta de Andalucía, filtrado y del que se ha hecho eco El Mundo, indica que desde el decreto de alarma se vivieron momentos de desesperación, sobre todo la primera semana. Todo comienza con las mascarillas de Alcalá la Real, con las de la fábrica jiennense que producía para la Junta y cuyo material, en el contexto del estado de alarma, se quedó el Gobierno central, según la versión de la Junta, que asegura que dependía de estos equipos.
Posteriormente, surge la necesidad de encontrar canales alternativos. El 31 de marzo se habían realizado 36 pedidos diferentes, de los cuales para entonces sólo se habían recepcionado ocho. Los demás, según el informe, no eran enviados por proveedores, estaban bloqueados en aduanas internacionales o se los quedaba el Gobierno, sin aportar más datos.
La dificultad fue tal que hubo que realizar una reforma legal en Andalucía para permitir el pago por aelantado que exigían los proveedores internacionales. Llegó a ser de 50% en el momento de reserva y 50% a la entrega de los materiales. Otras fuentes más allá del informe aseguran que incluso había proveedores que colocaban material que cumplía con los estándares sanitarios en los exteriores de palés, es decir, en las zonas superiores en el caso de comprobación del material, pero que una vez que llegaban los contenedores, estos incluían también material defectuoso. En el mercado internacional, del que también se quejó España y otros países, implicaba que intermediarios de países como Estados Unidos doblaran los precios acordados a los proveedores para quedarse con materiales que incluso estaban ya embarcados.
Y aún con todo, este informe del SAS que evalúa a la Junta (es decir, a sí mismo, no hay que olvidar, porque es un informe interno) incide en que ya se tenía asegurado un stock de 9,4 millones de mascarillas quirúrgicas y 400.000 FFP2. Esto aseguraría, dice el informe fechado a 31 de marzo, suficiente material para "10 semanas". En este contexto, igualmente, el informe no hablaría nada de mascarillas defectuosas adquiridas por el SAS, pero da cuenta de que dentro de las múltiples dificultades, y ante la actuación de mala fe de intermediarios internacionales o de proveedores no reconocidos por sus gobiernos, la Junta sufrió envíos de materiales que provocaron una falsa sensación de seguridad entre los sanitarios.
A mediados de junio de 2020, al menos, en la elaboración de esta información, y cuando el número de positivos no para de crecer en todo el mundo, desde centros comerciales hasta farmacias o la propia administración ha puesto a disposición de la ciudadanía mascarillas, tanto quirúrgicas como de alta filtración, como son las FFP2.
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