El año pasado, las altas temperaturas costaron la vida a un trabajador de 60 años que hacía tareas de limpieza viaria en Vallecas, y a otro trabajador del campo de Murcia, en Lorca, "que ni siquiera tenía a su disposición agua o medio de hidratación alguno".
Para evitar tragedias como estas, el Gobierno ha decretado la prohibición de trabajar al aire libre o en centros que no puedan quedar cerrados durante las horas del día en las que se produzcan fenómenos meteorológicos adversos para los que se hayan emitido avisos naranjas o rojos. Este viernes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la medida, que entrará en vigor desde el sábado.
La disposición establece la obligación de tomar medidas adecuadas para la protección de los trabajadores que trabajen al aire libre o en lugares que no puedan cerrarse frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo elevadas temperaturas o vientos extremos.
Dichas medidas tendrán que ser establecidas por las empresas tras una evaluación de riesgos laborales, que tomará en consideración, además de los fenómenos mencionados, las características de la tareas que se desarrollen y las características personales o "el estado biológico conocido" del trabajador.
En el caso de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lanzaran un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo, resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de trabajo previstas, siempre que las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección del trabajador.
Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la media de las temperaturas registradas entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2022 fue la más alta desde el comienzo de la serie histórica.
El departamento de Yolanda Díaz, citando estimaciones del sistema de monitorización de mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III, argumentó ayer, tras la aprobación de esta medida, que durante el verano de 2022 se produjo en España un incremento de más de 4.800 muertes atribuibles a la temperatura.
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