Ustea Cádiz ha acudido a presentar denuncia penal por un presunto delito de prevaricación continuada por parte del titular de la Delegación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Miguel Andreu Estaún (Ciudadanos). El motivo de la denuncia es que, desde comienzos del presente curso, este sindicato ha tenido conocimiento de "numerosos casos de ratios que sobrepasan el máximo permitido por la legalidad vigente, casos que nos han llegado tanto por madres, padres y docentes, como en las visitas de nuestros representantes sindicales a los centros de la provincia". Para la denuncia, aseguran en un comunicado, "nos hemos basado en varios centros concretos, pero nuestro objetivo último es denunciar ante la opinión pública una situación generalizada que evidencia la política de recortes y agresión a la educación pública por parte Gel gobierno andaluz".
La cuestión de la ratio, o el número permitido de alumnas/os por unidad, viene recogida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria. Y la legislación educativa "es muy clara": se limita el número máximo de alumnas/os por aula a 25 en el caso de Primaria, 30 en el caso de Secundaria, y 35 en Bachillerato.
Estos máximos, evidentemente, pueden tener excepciones, las cuales están recogidas en el art. 87 de la LO 2/2006. En dicho artículo, de manera taxativa y cerrada, se establece la posibilidad de un incremento por unidad, pero solo de un 10% como máximo y para casos de alumnado de incorporación tardía, es decir, pasado el periodo ordinario de incorporación, que para el presente curso concluyó el pasado 21 de mayo de 2019.
Como se ha dicho, en Ustea-Cádiz han tenido conocimiento de la existencia de numerosos casos de incremento de ratios en toda provincia, acordados por la Consejería de Educación a través de la Delegación de Cádiz, superando, en ocasiones, "con creces" las ratios legalmente establecidas, "habiéndose efectuado muchos en periodo ordinario de incorporaciones, y otros en plazo de incorporación tardía pero sin estar legalmente justificados".
Por tanto, mantienen, "entendemos que, de manera indiciaria, podemos estar ante un presunto delito continuado de prevaricación administrativa regulado en el art. 404 del Código Penal. La intervención de la jurisdicción a la que nos hemos dirigido viene justificada por: a) la naturaleza jurídica de la legislación administrativa que ha sido manifiestamente incumplida, b) afectar a un derecho fundamental y consagrado constitucionalmente (art. 27 de la Constitución) como es el derecho a la educación, c) tener una legislación taxativa: nada menos que una Ley Orgánica. La presunta culpable es la Delegación de Cádiz de la Consejería de Educación".
"No vamos a permanecer impasibles ante la gravedad del ataque a la educación pública por parte de la Consejería de Educación, que se salta las leyes que regulan el número máximo de alumnas/os permitidas/os por clase, masificando las aulas y degradando la calidad de nuestro sistema educativo", han recalcado desde la organización sindical, recordando que, entre los objetivos de Ustea, además de la defensa de los derechos laborales de las/os trabajadoras/es docentes, se encuentra "la defensa de la educación pública y de la calidad de la misma". El incremento de la ratio es otra forma de ataque a la educación pública que tiene una doble consecuencia negativa: es una forma velada de recorte de empleo público, y afecta directamente a la calidad de la enseñanza, pues un mayor número de alumnas/os por aula implica un menor tiempo de atención individualizada para cada una/o por parte de las/os docentes".
Comentarios