La Junta de Andalucía, tras el Consejo de Gobierno celebrado esta semana, ha destacado la puesta en marcha de una Oferta de Empleo Público (OEP) extraordinaria de 710 plazas destinadas a "reducir la temporalidad y dar estabilidad" a la plantilla de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), que incluye a empleados del dispositivo operativo de extinción de incendios forestales Infoca, que supone aproximadamente el 80% del personal de la agencia.
"El Gobierno andaluz entiende que estos trabajadores, que prestan un servicio esencial para la conservación del medio natural, requieren con urgencia esta convocatoria, que les otorgará seguridad jurídica", reseña la Junta en una nota de prensa, con lo que con este proceso "da respuesta a una de las reivindicaciones expresadas por los sindicatos en los términos que permite la nueva normativa estatal para regularizar el colectivo".
Miembros de la plantilla del Infoca, en declaraciones a lavozdelsur.es, alertan de la "trampa" que supone este anuncio de la Junta de Andalucía, porque "sacan las plazas porque están obligados por normativa de la UE y estatal, y las plazas ya son indefinidas o lo van a ser pronto por sentencia judicial", alertan, ya que muchos empleados en fraude de ley han ganado juicios en este sentido.
Además, "se estabiliza la plaza, no a la persona", lo que quiere decir que empleados que llevan años trabajando pueden perder el puesto si no superan el concurso de méritos, "después de llevar años en fraude de ley". La UE obliga a sus países miembros a reducir la temporalidad en las Administraciones públicas hasta un máximo del 8%, una cifra que se supera con creces en España, donde hay unos 800.000 trabajadores públicos en esta situación. "Esto reduce la temporalidad, pero supone una amenaza para gente que lleva años contratada en fraude de ley", alertan las fuentes consultadas.
"Ahora Carmen Crespo —consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible— se hincha el pecho diciendo que sacan 710 plazas pero no dice que no es algo que haya decidido la Junta, sino que viene impuesto, y que además las plazas que salen ya están ocupadas por indefinidos. En lugar de estabilizar a la persona se estabiliza la plaza, que puede ganar otra persona, y quien ha denunciado por estar en fraude de ley, ahora que ha ganado judicialmente, puede verse en la calle", explican desde la plataforma.
CGT Andalucía, en un comunicado emitido tras reunirse representantes sindicales con el director de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), señala que es "una noticia lamentable" esta OPE anunciada por la Junta, ya que "implica que más de 700 compañeros con décadas de servicio público puedan perder su empleo. Este proceso no puede realizarse con garantías de que todas las personas que ocupan estas plazas puedan mantener su puesto de trabajo y, por tanto, no responde a lo que venimos demandando desde hace tiempo: que los que están se quedan".
El sindicato hasta cree que "el proceso puede suponer un riesgo para toda la plantilla de Amaya, porque cabe esperar que las personas afectadas, que corren el riesgo de perder su puesto de trabajo, impugnen por la vía judicial la convocatoria de OPE extraordinaria por discriminación entre indefinidos no fijos e indefinidos por subrogación". CGT cree que la convocatoria debería aplazarse para "analizar adecuadamente el nuevo marco legal definido por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público".
"Parece que por desgracia y por interés político en Amaya vamos a ser de los primeros en sufrir las consecuencias del Icetazo", lamentan desde CGT, que anuncia que hará "lo posible, todo lo que esté en nuestras manos, para que nadie pierda su puesto de trabajo". Para el sindicato, "la agencia lo único que está haciendo es poner en riesgo de pérdida del empleo, sin ninguna garantía, a 710 personas que llevan décadas de servicio púbico en Amaya, que abre un panorama incierto para toda la plantilla y que supone una falta de respeto a labor que han realizado durante muchos años centenares de personas en el ente público".
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