Las Administraciones de Lotería y los expendedores de Juegos del Estado atraviesan una crisis sin precedentes, con una situación insostenible que pone en riesgo miles de empleos y la continuidad de un servicio público esencial. Desde hace más de dos décadas, las comisiones que perciben estos trabajadores no se han actualizado de manera significativa, a pesar de los incrementos constantes en los costes operativos.
A lo largo de los últimos 21 años, los gastos derivados de la actividad de estas administraciones han aumentado de manera constante, mientras que las comisiones que reciben han experimentado un ajuste mínimo e insuficiente para hacer frente a estos incrementos. A pesar de que ha habido un ajuste en las comisiones en este período, este ha sido demasiado bajo para contrarrestar los elevados costos operativos que enfrentan las administraciones.
En términos de costes, la situación es crítica. El alquiler de los locales ha aumentado un 50% en la última década y continúa con una tendencia alcista. Los salarios también han subido de forma considerable, con el Salario Mínimo Interprofesional pasando de 900 euros en 2012 a 1.400 euros en 2024, lo que ha incrementado las cargas laborales de las administraciones. Además, los costes relacionados con el mantenimiento informático, suministros y programas de gestión han subido entre un 30% y un 40%, lo que agrava aún más la situación.
Asimismo, las administraciones deben asumir cada vez más gastos en conceptos como medidas de seguridad, imagen corporativa y seguros de caución para garantizar los pagos a SELAE, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Sin embargo, el ajuste en las comisiones por parte de SELAE ha sido mínimo, apenas un céntimo adicional por apuesta, lo que se traduce en un incremento semanal de entre 8 y 15 euros para la mayoría de las administraciones. Este pequeño ajuste es completamente insuficiente para hacer frente a la inflación y la presión económica creciente.
El sector está viendo cómo su situación se agrava cada vez más, ya que, a pesar de ser trabajadores independientes, las administraciones operan bajo una dependencia total de SELAE, con restricciones y obligaciones que limitan cualquier posibilidad de mejorar sus condiciones. Los elevados impuestos y las cuotas de autónomos que deben asumir estos trabajadores se suman a la falta de libertad para fijar márgenes de beneficio, lo que genera una sensación de desamparo e impotencia.
Además, el sector genera anualmente más de 3.000 millones de euros para las arcas del Estado, pero a pesar de ello, los responsables de SELAE y del Gobierno no parecen tener disposición para revisar las comisiones de manera justa y acorde a las necesidades del sector. Esta contradicción se hace aún más evidente cuando se observa que el sueldo del presidente de SELAE supera incluso el del presidente del Gobierno, mientras que miles de administraciones y familias luchan por su sustento.
Ante esta situación, las administraciones de Lotería exigen una serie de medidas urgentes para garantizar la viabilidad del sector. En primer lugar, reclaman una subida de comisiones que esté alineada con el Índice de Precios al Consumo (IPC) y con el aumento real de los costes operativos. En segundo lugar, solicitan una revisión inmediata de sus condiciones contractuales, que no han experimentado cambios significativos en más de 20 años. Finalmente, exigen un diálogo transparente con SELAE, con el fin de encontrar soluciones equitativas y sostenibles para el sector.
Cada día que pasa sin que se adopten medidas, más administraciones se ven obligadas a cerrar, lo que genera la pérdida de empleo y la falta de servicio para miles de ciudadanos. Los responsables del sector piden que los medios de comunicación visibilicen esta crisis y ayuden a dar a conocer la difícil situación que atraviesa el sector de la Lotería y los Juegos del Estado, un servicio público esencial para muchos.
El futuro de las administraciones de Lotería está en juego, y la falta de soluciones podría llevar al cierre de numerosas unidades, afectando a miles de familias que dependen de esta actividad. Con una actualización justa de las comisiones, se garantizaría la continuidad del servicio y la estabilidad del sector, protegiendo así miles de empleos y manteniendo el acceso a este servicio público fundamental para la sociedad.
El sector de la Lotería y los Juegos del Estado se encuentra, por tanto, en un momento crítico. La necesidad de una reforma estructural que permita adaptarse a las nuevas realidades económicas es urgente, y los responsables políticos deben tomar medidas inmediatas para evitar un colapso total del sector y asegurar su futuro.
Los afectados insisten en que no se trata de pedir privilegios, sino de asegurar la sostenibilidad de un servicio público que lleva más de dos décadas sin recibir el apoyo necesario para mantener su viabilidad económica en un entorno cada vez más exigente y competitivo.