Andar por la calle sin justificación puede suponer una multa de 601 euros, cuantía que se incrementa si se cometen otras infracciones, hasta los 10.400 euros. Eso tratándose del grado mínimo. El grado medio supone sanciones de entre 10.401 y 20.200 euros y el grado máximo de entre 20.201 y 30.000 euros. La Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la Ley General de Salud Publica, el Sistema Nacional de Protección Civil y el Código Penal son las normas por las que se pueden establecer sanciones.
La resistencia a la autoridad, facilitar datos falsos o inexactos, o negarse a la identificación, elevan la causa a delito, por lo que las multas pueden oscilar entre 601 y los 30.000 euros. Sin embargo, la reiteración de este incumplimiento podría elevar la multa hasta los 60.000 euros. El menosprecio a un agente de la autoridad puede ser sancionado con 2.000 euros, la intimidación, sin que llegue a constituir una infracción penal, eleva la sanción hasta los 3.000 euros, y la existencia de violencia o amenaza hace que aumente hasta los 10.400 euros.
El empresario o comerciante que insista en saltarse restricciones y cuya actividad no esté permitida durante el estado de alarma puede enfrentarse a multas de 2.000 euros. Una persona que lleve a menores en su vehículo, a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad tendrá que abonar 1.500 euros de sanción.
Las multas de 10.400 euros se reservan para las personas que organizan o participan en actividades en común, ya que se considera que el nivel de riesgo es elevado por la presencia de varias personas y porque no se respeta la distancia de seguridad que establece el decreto aprobado por el estado de alarma.
El Código Penal, además, en su artículo 556, recoge penas de prisión de tres a 18 meses a quienes se resistan o desobedezcan gravemente a la autoridad o sus agentes. En el artículo 550 alberga las penas por atentado contra la autoridad, la resistencia y la desobediencia, lo que incluye "los cometidos contra funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo", con penas de cárcel de entre uno y cuatro años.
527.000 multas en un mes
Los diferentes cuerpos policiales han propuesto más de 527.000 multas por incumplir las restricciones del estado de alarma decretado para hacer frente al coronavirus, lo que equivale al 1,12% de la población total de españoles, de acuerdo a la suma total de expedientes acumulados cuando se inicia la quinta semana de un confinamiento generalizado que el Gobierno destaca por su alto grado de cumplimiento.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Sanidad, Salvador Illa, han destacado el alto grado de cumplimiento. Entre las propuestas de sanción hay ciudadanos reincidentes, con más de un acta para ser multados por desobediencia dentro de lo establecido en la 'ley mordaza'.
El ministro del Interior no ha ofrecido el dato de cuál es el montante del dinero que, previsiblemente, se va a recaudar en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como 'ley mordaza', aunque ha prometido que serán "muy diligentes" en tramitar los expedientes.
"Primero que sean firmes, que se ejecuten y que tengamos el dinero a disposición del Tesoro Público", ha dicho en respuesta a una pregunta de la prensa, remitiéndose a continuación al procedimiento administrativo que se abre tras cada propuesta de sanción, con la participación de las delegaciones del Gobierno. En las actas policiales no se fija una cantidad, por lo que la multa, de concretarse, se comunica a posteriori.
"Vamos a ser muy diligentes, como en todo, pero en esos expedientes especialmente diligentes", ha añadido el ministro Grande-Marlaska, que ha negado que las propuestas de sanción por incumplir el confinamiento generalizado tengan un "fin recaudatorio", ya que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, ha dicho, lo que hacen en primer lugar es prevenir para "garantizar la salud de todos".
Sobre un posible destino de este dinero recaudado bajo el estado de alarma, Grande-Marlaska ha dicho que se estudiarán las posibilidades "que sean factibles", al ser preguntado si se puede reinvertir en el sistema sanitario o en la ciencia. "Seguro que será muy importante definir esa cuestión", ha señalado el titular del Interior, remitiéndose a una decisión próxima del Gobierno en este sentido.
Grande-Marlaska ha recordado que el procedimiento fijado por la 'ley mordaza' —una norma aprobada por el PP y que el Gobierno de coalición entre PSOE y PP prometieron reformar— establece que las denuncias se remitan a las delegaciones del Gobierno y que sea aquí donde se fije "instructor", abriendo periodo de comunicación oficial y de posible reclamación.
Grande-Marlaska ha comparado el total acumulado de sanciones con los 47 millones de españoles para insistir que las multas son "excepciones" sobre el cumplimiento generalizado. No obstante, ha subrayado --en la línea de los mandos policiales que comparecen a diario-- que en los últimos días, coincidiendo con la Semana Santa, ha habido un "leve incremento, muy leve" de multas en comparación al resto de días desde que se decretó el estado de alarma tras el Consejo de Ministros del 14 de marzo.
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