La incertidumbre se cierne sobre cerca de un millón de contratos de alquiler en España que expiran entre marzo de 2026 y diciembre de 2027, según estimaciones de Sumar. Estos contratos podían acogerse a la prórroga extraordinaria aprobada por el Gobierno el pasado mes de marzo con el objetivo de mitigar el impacto económico derivado de la guerra de Irán. La medida establecía un límite del 2% anual en la actualización de las rentas y otorgaba a los inquilinos la posibilidad de solicitar la extensión mediante el envío de un burofax a los propietarios.
Sin embargo, el decreto ha quedado sin efecto tras no superar el trámite de convalidación en el Congreso de los Diputados. La norma, aprobada inicialmente mediante decreto-ley, requería el respaldo de la Cámara Baja en un plazo de 30 días, algo que finalmente no ha logrado. La oposición de varios grupos parlamentarios y la abstención de otros han impedido su ratificación, lo que deja sin validez la medida desde este mismo miércoles.
Durante el tiempo en que el decreto ha estado en vigor, miles de inquilinos solicitaron la prórroga de sus contratos, en una medida que, según los datos facilitados por Sumar, podía beneficiar a hasta 2,7 millones de personas. No obstante, la ausencia de cifras concretas impide determinar el alcance exacto de estas solicitudes, lo que contribuye a aumentar la incertidumbre sobre su situación legal actual.
Desde el Ejecutivo se advierte de un escenario incierto. La ministra de Vivienda ha señalado que la caída del decreto abre un terreno jurídico desconocido, en el que podrían proliferar reclamaciones judiciales tanto por parte de inquilinos que no vean reconocidas sus solicitudes como de propietarios que cuestionen la aplicabilidad de la norma. La diversidad de interpretaciones jurídicas existentes refuerza la sensación de inseguridad en el mercado del alquiler.
Algunas prórrogas pueden mantenerse
Algunos expertos consideran que la situación presenta ciertos límites más claros. Desde el ámbito académico, se sostiene que únicamente podrían mantenerse las prórrogas correspondientes a contratos que hayan vencido durante el periodo de vigencia del decreto. En este sentido, se argumenta que extender sus efectos más allá supondría una vulneración del marco constitucional, al tratarse de una norma que no ha sido convalidada y, por tanto, carece de efectos futuros.
En contraste, diversas asociaciones de consumidores y especialistas en derecho administrativo defienden una interpretación más amplia. Según esta visión, las solicitudes realizadas durante la vigencia del decreto generarían un derecho consolidado para los inquilinos, independientemente de la fecha de finalización de sus contratos. Esta postura sostiene que la derogación de la norma no tendría carácter retroactivo, por lo que las prórrogas ya solicitadas quedarían protegidas, intensificando así el debate jurídico en torno a las consecuencias de la no convalidación.