El Congreso de los Diputados ha rechazado la convalidación del Real Decreto-ley 8/2026 aprobado por el Gobierno el pasado 21 de marzo, una norma que contemplaba la prórroga de hasta dos años de los contratos de alquiler que vencieran entre marzo de 2026 y diciembre de 2027. La decisión parlamentaria deja sin efecto una medida que había entrado en vigor semanas atrás y genera un escenario de incertidumbre tanto para propietarios como para inquilinos.
La Cámara Baja ha tumbado el decreto con los votos en contra de PP, Vox y Junts, mientras que el PNV se ha abstenido. La norma, impulsada por el Gobierno de coalición y defendida por Sumar, buscaba frenar el impacto de la subida de precios del alquiler en un contexto marcado por tensiones internacionales y encarecimiento del mercado inmobiliario.
Desde su aprobación en Consejo de Ministros, el Ejecutivo asumía la dificultad de lograr el respaldo parlamentario, dada la posición crítica de varios grupos. Finalmente, la suma de votos contrarios ha sido suficiente para derogar un texto que, además de la prórroga de contratos, incluía un límite del 2% a las subidas del alquiler.
La derogación tiene efectos inmediatos: el decreto queda sin validez legal desde este mismo momento, lo que plantea dudas sobre la situación de los contratos que ya se habían acogido a la prórroga. Especialmente afectados son aquellos cuya fecha de vencimiento se situaba entre marzo de 2026 y marzo de 2027, ahora en un limbo jurídico.
"¡Haced algo ya, coño!"
Durante la sesión parlamentaria se ha vivido un momento de tensión cuando una mujer, desde la grada, ha interrumpido el debate al gritar "¡Haced algo ya, coño!". La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha ordenado su expulsión inmediata, así como la de otro asistente, en un episodio que refleja la creciente preocupación social en torno al acceso a la vivienda.
Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se ha criticado con dureza el resultado de la votación, atribuyéndolo a la "irresponsabilidad de la derecha y la extrema derecha". El departamento que dirige Isabel Rodríguez ha avanzado que intensificará los contactos con los grupos parlamentarios para sacar adelante nuevas medidas, especialmente en materia de regulación de los alquileres de temporada.
El Gobierno ha insistido en que este tipo de contratos deben responder a una finalidad específica y no convertirse en un mecanismo para imponer incrementos abusivos. En este sentido, mantiene su intención de seguir trabajando en iniciativas orientadas a frenar la especulación, reducir los precios y ampliar el parque público de vivienda.
"Han dejado a su suerte a tres millones de compatriotas"
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha asegurado que no renunciará a la medida y que volverá a presentarla en el Congreso "las veces que haga falta". En su valoración, ha acusado a las "derechas" de haber dejado "a su suerte a tres millones de compatriotas".
Bustinduy ha ido más allá al señalar que esta decisión supone una "desconexión radical" con la ciudadanía trabajadora y ha advertido que "lo van a pagar muy caro". Además, ha subrayado que "la prórroga de los contratos de alquiler la apoyan dos tercios de los votantes del PP y de Vox. Y hoy les han dado la espalda. ¿Para qué? Para blindar el negocio de quienes están forrando con la vivienda a costa de los derechos de los españoles".
Sobre el decreto tumbado, organizaciones de consumidores como Asufin han explicado que la prórroga se ha aplicado durante su vigencia a los contratos hasta 2027, por lo que quienes ya la solicitaron mantienen ese derecho. En la misma línea, Facua ha señalado que dichas prórrogas serán de obligado cumplimiento si se pidieron dentro del periodo en que el decreto estaba en vigor.
Pese a estas interpretaciones, juristas y expertos advierten de que la excepcionalidad del contexto puede derivar en conflictos legales. Así, aunque el Gobierno y asociaciones defienden que los inquilinos que solicitaron la prórroga entre el 22 de marzo y el 28 de abril están protegidos, muchos casos podrían acabar resolviéndose en los tribunales ante la falta de un marco normativo claro.