El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha advertido de que el nuevo año judicial será especialmente complicado, marcado por profundas transformaciones estructurales, reformas legislativas aún pendientes y una creciente crisis de confianza en el sistema judicial. Así lo expresó durante el acto de apertura del curso judicial celebrado esta tarde de martes en la sede del TSJA, en la Real Chancillería de Granada.
Del Río considera que la justicia atraviesa un momento crítico, no solo por la lentitud estructural del sistema, sino también por su creciente instrumentalización política. “Un año más persiste la coincidencia en el diagnóstico general: una justicia colapsada y lenta, que atraviesa una grave crisis de confianza”, señaló durante su intervención.
Una transformación profunda de la Justicia
Uno de los principales desafíos del curso judicial será la aplicación de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que impulsa una reestructuración en profundidad del sistema. Del Río alertó de que “estamos inmersos en una de las transformaciones más profundas de las últimas décadas”, y pidió a las instituciones y a los profesionales “estar a la altura de lo que supone este reto transformador”.
A su juicio, sería un error que la reforma se limitara a cambios superficiales: “Lo peor que puede suceder es que haya un cambio solo cosmético y no se asuma la nueva forma de entender la oficina judicial”. Apostó por una reforma estructural real que modernice el sistema y garantice una justicia más ágil y eficiente.
Colapso en los juzgados y nuevas competencias
Otro eje de preocupación es el impacto que tendrán este año los Medios Alternativos de Solución de Conflictos, que podrían aliviar la sobrecarga crónica de los tribunales. Del Río defiende estas vías extrajudiciales, siempre que sean “simples, comprensibles y uniformes en todo el territorio”, para así mejorar el acceso a la justicia sin sobrecargar aún más los juzgados.
Especial atención ha dedicado a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que a partir del próximo 3 de octubre asumirán nuevos delitos como los relativos a la libertad sexual, el matrimonio forzado o la trata de mujeres. En su opinión, “hay casi unanimidad en un posible colapso y el fin de la protección real a las víctimas”, por lo que pide estar atentos a las necesidades reales de estos órganos.
El presidente del TSJA ha expresado además su inquietud ante la persistente crisis del poder judicial y la falta de consenso entre los partidos. Lamenta que “la división entre los partidos se sigue trasladando al ámbito de la justicia”, lo que impide avanzar en reformas esenciales para modernizar el sistema judicial con garantías y sin dilaciones innecesarias.
Aunque reconoció que es legítimo que el Gobierno promueva reformas legales, advirtió sobre los riesgos de hacerlo sin diálogo. “Medidas de esta naturaleza no deben tramitarse por la vía de urgencia y deben contar con un amplio consenso político y profesional”, afirmó, aludiendo a cambios que afectan directamente a la arquitectura del poder judicial.
Riesgo en el acceso a la carrera judicial
Del Río se refirió también a la posible sustitución de los procesos de oposición tradicionales por mecanismos más discrecionales. Aunque admitió que es urgente aumentar el número de jueces, subrayó que no debe hacerse “con detrimento de la calidad de la formación que exige la función jurisdiccional”. A su juicio, una justicia sólida depende de la independencia, preparación y estabilidad de quienes la ejercen.
Durante el acto, al que asistieron autoridades como el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, Del Río insistió en que “no es solo la forma y urgencia la que suscita inquietud, también el fondo de las reformas”. Considera que se está ante “una reforma estructural de gran calado, casi la mayor después de 40 años”.
En un tono autocrítico, el presidente del TSJA reconoció que uno de los grandes retos pendientes sigue siendo la recuperación de la confianza ciudadana en la justicia. Criticó duramente “la constante traslación de conflictos políticos al espacio judicial” y “el constante etiquetado de los jueces y los ataques personales a los mismos”, por el alto coste que esto supone para la imagen del sistema.
Estas prácticas, advirtió, deterioran la percepción pública del poder judicial y erosionan su legitimidad como uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Del Río reclamó un mayor compromiso institucional para preservar la independencia judicial como garantía democrática.
La Fiscalía pide más autonomía y transparencia
Durante el mismo acto, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, hizo hincapié en la necesidad de modernizar el sistema desde una perspectiva organizativa, procesal y tecnológica. A su juicio, “impera dotar a la Justicia de las herramientas necesarias de modernización” y otorgarle “mayor autonomía funcional y organizativa”.
Tárrago también abordó el impacto de la corrupción en la confianza pública y fue especialmente crítica con la falta de controles eficaces. “Los controles y medidas de transparencia de los poderes del Estado no están siendo suficientes”, afirmó, lamentando las “deficiencias de control en la lucha contra la corrupción”.
La fiscal subrayó que los recientes escándalos que han afectado a altas instituciones del Gobierno requieren una respuesta contundente y coordinada. En su intervención, señaló que “ante los últimos casos conocidos es necesario alcanzar un pacto de Estado para reforzar su vigilancia”, insistiendo en que la corrupción debilita la democracia y mina la credibilidad institucional.
Ambos representantes del ámbito judicial coincidieron en la necesidad urgente de reformas profundas, consensuadas y con vocación de permanencia, alejadas del ruido político. El año judicial que se abre se presenta como uno de los más decisivos en décadas para el sistema de justicia en España.